El rechazo de Podemos a las donaciones del empresario Amancio Ortega a la sanidad pública es perfectamente lógico. No es meramente radical. No desafía tampoco a la razón: no a la suya. Se olvidan con frecuencia, en una época en que revolucionario es un eslogan para vender cosas bonitas, las sinrazones de la razón revolucionaria. Y el partido podemita, aun con su carácter de parodia, sólo atiende a esas sinrazones.
Para situarse en la mentalidad, llamemos al revolucionario de hace un siglo o siglo y pico, en concreto al revolucionario ruso, que allí es donde cuajó la idea. Nos dirá que todo aquello que mejore las condiciones de vida, que contribuya a aliviar males y miserias, es contraproducente para su causa. Como para él esa causa es la de la Humanidad, no hay contradicción alguna en que exija provocar a seres humanos de carne y hueso mayores sufrimientos. Siendo su único y grandioso objetivo preparar la rebelión que destruya el orden social, nuestro revolucionario luchará contra todo aquello que lo haga más llevadero y hará lo posible para que empeore. Es de catecismo revolucionario. La razón revolucionaria no es evidente ni razonable. Es una razón invertida y torturada. O torturadora.
En la parodia revolucionaria de Podemos, las donaciones de un empresario exitoso a la sanidad pública son malas, para empezar, porque mejoran la imagen del rico –del que sólo se ha podido hacer rico gracias a la explotación–, y eso no es bueno para la causa. Son malas porque constituyen un acto de generosidad individual. Al no ser forzosas, sino voluntarias, socavan el necesario resentimiento. Tiene que quedar claro que los ricos no dan nada, que si dan algo es caridad, ese lenitivo contrarrevolucionario, y que lo hay que hacer es expropiarlos. De momento, vía impuestos.
Todo eso está en el rechazo podemita, cuyo repudio de la caridad, del altruismo y la filantropía está en línea con la tradición de las sinrazones. Pero la más importante o más urgente sinrazón es que las donaciones privadas a los sistemas públicos que atienden necesidades sociales suponen un desafío a la noción y la estructura de un monopolio. Para un partido como Podemos, aunque no sea el único en esto, el Estado debe tener el monopolio absoluto sobre la política social, y no es tolerable ni admisible la colaboración –intromisión– de la iniciativa privada y la sociedad civil. Las limosnas sólo las puede dar el Gobierno.
Ese monopolio del Estado prefigura lo que podríamos llamar su modelo de sociedad, fuertemente ordenada y dirigida de arriba abajo –siempre en nombre de los de abajo–. Por eso hay preservarlo allí donde exista y extenderlo al máximo, y de tal manera que la consecuencia sea que no haya nada entre el individuo atomizado (o encuadrado en la organización política) y el Estado. Por decirlo en su lenguaje, la gente debe depender en exclusiva del Estado. Cuanto más dependiente sea, mejor. Mejor para aquellos que, como los podemitas y todos los de su clase –la de los ungidos–, quieren gestionar ese monopolio. Lógicamente, no pueden admitir la competencia. En ninguno de los dos sentidos de la palabra. Es condición necesaria para mantener tanto la dependencia como la incompetencia.