Javier Zaragoza, Jaime Moreno, Consuelo Madrigal y Fidel Cadena. Estos son los cuatro fiscales del Tribunal Supremo que ayer defendieron al Estado frente a un grupo organizado que se conjuró para destruirlo desde dentro, utilizando la legitimidad institucional del Gobierno regional de Cataluña y el dinero de todos los españoles.
La jornada de ayer del juicio a los golpistas fue todo un seminario de doctrina procesal y Derecho Constitucional. A lo largo de casi siete horas de exposición, los cuatro fiscales hicieron un relato pormenorizado de la operación secesionista que se inició con las elecciones catalanas de 2015 y culminó con la consulta ilegal del 1 de octubre de 2017.
El fiscal Zaragoza demostró que lo que sucedió en Cataluña, especialmente durante el otoño de 2017, fue "lo que se llama un golpe de Estado: la sustitución de un régimen jurídico por otro por medios ilegales". El jefe de la Fiscalía dedicó su intervención a fijar las responsabilidades de los acusados en aquellas jornadas, en las que alentaron la violencia de la masa para impedir la acción de la Justicia. Su referencia al tumulto organizado por los Jordis el 20 de septiembre a las puertas de la Consejería de Economía para impedir el registro de la Policía Judicial es tajante:
Lo excepcional es que hubiera una manifestación para parar a la Guardia Civil; lo anormal es que hubiera 40.000 personas y que dos señores se convirtieran en los dueños del orden público en Barcelona.
Jaime Moreno se encargó de acreditar la existencia de violencia organizada, elemento central para condenar por rebelión y no solo por sedición, como quiere la Abogacía del Estado. En su discurso advirtió a la Sala:
No debe caerse en la trampa de las defensas de atribuir el millar de ciudadanos lesionados a las Fuerzas de Seguridad. Los responsables fueron los acusados, que no desconvocaron el referéndum pese al aviso de los Mossos de que habría enfrentamientos.
El turno de Consuelo Madrigal versó sobre las acusaciones de malversación de fondos públicos para financiar la operación secesionista. La fiscal heló la sonrisa de las defensas al definir a la Generalidad bajo el mandato de los acusados como
una Administración regida por una organización criminal que, para encubrir las responsabilidades, puede recabar silencios, encubrimientos y hasta puede prometer contraprestaciones y compensaciones.
Finalmente, Fidel Cadena le tocó la parte más técnica de la exposición para justificar jurídicamente las acusaciones contra los procesados.
Los cuatro construyeron un relato contundente sobre las responsabilidades de los acusados y defendieron la vigencia del imperio de la Ley con solvencia y brillantez. Al margen de lo que recoja finalmente la sentencia, lo de la Fiscalía en la jornada de ayer fue una lección magistral de unos servidores del Estado ejemplares que todos los españoles de bien debemos agradecer.