Domingo después de San Valentín. Los sindicatos mayoritarios —Comisiones Obreras y UGT—, en confluencia con otras entidades y partidos de izquierda convocan a los leoneses a manifestarse en la capital y en Ponferrada y Villablino por el «Futuro de León». La cosa va de la industrialización, pero sobre todo de la decadencia de las comarcas mineras una vez decretado el final de las ayudas al carbón por la Comisión Europea, y de paso del secesionismo leonés con respecto a Castilla y León porque, al parecer, en ese totum revolutum navega glorioso el sindicalismo. Están los máximos dirigentes del nuevo verticalismo: Unai Sordo por Comisiones y Pepe Álvarez por UGT. O sea, que esa cosa va en serio. Tal vez estemos en el comienzo de una nueva movilización para volver a raptar al gobierno y recuperar la cultura de las ayudas públicas, últimamente subvenciones, que en León, como en las demás cuencas carboníferas, se remonta a hace más de un siglo. Sordo lo viste de desarrollismo, reclamando una mesa institucional «para canalizar recursos que posibiliten el desarrollo económico e industrial de León»; y Álvarez de lucha contra el paro, pues hay que "acabar con las políticas que destruyen empleo o comarcas completas". El éxito acompaña, pues han sido miles los movilizados, por lo que no sería sorprendente que volviéramos a ver la organización de nuevas marchas sobre Madrid para reclamar un renovado programa de subvenciones para el carbón y las comarcas mineras, como ya ocurrió hace unos años. Y eso que los mineros del carbón ya no superan los quinientos en toda España y que eso de quemar carbón está muy mal visto por el gobierno de Sánchez con su ministra de la Transición Ecológica al frente.
Da la casualidad de que la semana pasada el Tribunal de Cuentas emitió un sesudo informe de más de quinientas páginas en el que se fiscalizan las ayudas concedidas a las comarcas mineras (del carbón) entre los años 2006 y 2017. Se trata de un trabajo demoledor, del que se desprende claramente que las subvenciones que se han concedido a tal efecto han constituido un dispendio ineficaz e injustificable, sobre todo porque no han servido más que para crear unos pocos empleos y no han frenado la pérdida de población.
En esas subvenciones se han manejado 1.786 millones de euros —casi 150 en promedio cada año—, de los cuales el 62 por ciento han financiado la construcción de diversas infraestructuras y el resto han servido para estimular inversiones empresariales supuestamente creadoras de empleo estable. Más de una quinta parte de ese dinero se ha ido para León, siendo Asturias y Aragón las otras regiones más beneficiadas, puesto que a Galicia, Castilla-La Mancha, Cataluña y Andalucía les han llegado cantidades menores. ¿Con qué resultado?, se pregunta el Tribunal de Cuentas para responder a continuación con un detalle estremecedor. En cuestión de infraestructuras, después de señalar que "ningún beneficiario aportó estudios de seguimiento sobre el impacto de las actuaciones financiadas", como era su obligación, concluye que los polígonos industriales que se han construido están ocupados en sólo en el 43,3 por ciento de su superficie; que de las residencias para mayores financiadas —entre la que está la designada como «La Minería», construida en Asturias con un coste de 31 millones de euros, buena parte de los cuales alimentaron la corrupción del sindicato minero SOMA-UGT— hay dos que no están en uso, lo mismo que un centro de día; aunque, eso sí, los viales pavimentados, las piscinas, los polideportivos y las zonas de juegos se encuentran en pleno funcionamiento. Lo principal, ya se ve, el ocio; lo otro, sobre todo lo que sirve para el trabajo, parece secundario. Y sobre la financiación de proyectos empresariales de inversión, se muestra que de los 1.688 que recibieron las ayudas estatales, únicamente 301 cumplieron con el requisito de mantener o aumentar el empleo, creando 8.021 nuevos puestos de trabajo. O sea, casi nada.
La conclusión general es que la gestión de estos programas de subvenciones para las comarcas mineras estuvo "escasamente orientada a alcanzar una aplicación eficiente y eficaz de los recursos públicos". El Tribunal de Cuentas es, como se ve, aséptico y no entra en cuántos metieron su cuchara para lograr semejante resultado. Eso sí, nos dice que las ayudas para infraestructuras las gestionó una plantilla de dos funcionarios y un contratado laboral con titulación superior, con la ayuda de un auxiliar administrativo; y que las otorgadas a las empresas las trasegaron entre doce empleados públicos, de los que únicamente cuatro contaban con un título universitario. Total, para manejar millones con la anuencia sindical no parece que se necesiten muchos conocimientos y cualificaciones, pues lo principal es saber quién manda. A esto es lo que nos enfrentamos los españoles tras la nueva andanada leonesa: a tirar recursos para que los sindicatos más representativos recuperen su poder.