Ante las escandalosas declaraciones del jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, general José Manuel Santiago, en las que aseguraba que dos líneas de trabajo de la Benemérita eran "minimizar el estrés social que producen esta serie de bulos" y l"minimizar el clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno", todo el mundo debería recordar que la reacción inicial del líder del PP, Pablo Casado, fue decir en Twitter: "Sánchez debe explicar si ha ordenado a los cuerpos de seguridad coartar la libertad de expresión de los ciudadanos en las redes sociales para tapar sus errores. Sería (sic) gravísimo".
Parece un tanto ingenuo –por no utilizar un calificativo más severo y acertado– por parte del líder de la oposición esperar a que un sujeto tan adicto a la mentira como Pedro Sánchez vaya a "reconocer" que ha ordenado a las fuerzas de seguridad coartar la libertad de expresión en las redes sociales para que el PP pueda denunciar tamaña prevaricación. Tal vez por ello, desde las filas populares Cayetana Álvarez de Toledo ha querido elevar algo la critica hacia lo que delataban las declaraciones del general calificando acertadamente como "ilegal" que la Benemérita tenga como misión identificar noticias falsas que sean "susceptibles de provocar estrés social y desafección a instituciones del Gobierno", tal y como literalmente pedía un correo que, según ha desvelado la cadena SER, se dirigió a las diferentes comandancias del Instituto Armado el pasado día 15.
Otra tanto se podría decir de la "denuncia" que por este asunto el PP habría planteado contra el Gobierno ante la UE, si no fuera por el hecho de que esa supuesta denuncia, que no va dirigida a tribunal alguno, no pasa de ser, como reconoce la propia pagina web del partido, una simple pregunta de la eurodiputada Dolors Montserrat a la Comisión Europea, en la que "pedirá" que, ante casos como este, se inste a los Gobiernos de la Unión a "respetar las normas del Estado de Derecho y los valores de la UE, entre los que se incluyen la libertad de expresión".
Tan tibia reacción ante indicios tan claros de delito por parte del Ejecutivo social-comunista resulta especialmente lamentable porque se suma a la no menos timorata reacción popular ante la inadmisible censura previa que el Gobierno viene imponiendo en forma de filtros en las ruedas de prensa en que presuntamente informa de la crisis ocasionada por la pandemia que no ha sabido prever ni atajar, y de la que ni siquiera ofrece el número real de contagios y de fallecidos. Como ya se señaló en su día, semejante atentado a la libertad de expresión hubiera provocado la más enérgica reacción por parte de los partidos de la oposición de cualquier país europeo. De hecho, es esta censura previa, junto a aquel bulo en forma de encuesta en que el CIS sometía a sondeo la posibilidad de algo tan sumamente inconstitucional como "restringir y controlar las informaciones estableciendo solo una fuente oficial de información", lo que confiere veracidad a las gravísimas palabras del general Santiago, que ya lo serían aun cuando fueran un lapsus linguae, como ha pretendido Moncloa, pero que lo son en aún mayor medida en el más probable caso de que sean fiel reflejo de las órdenes de un Gobierno que, como ha delatado la ministra de Educación, Isabel Celaá, considera "falsa" toda información que resulte "negativa" para sus propios intereses.
Ante este inadmisible panorama de censura, denunciada ya por periodistas y por jueces y fiscales, resulta imperativo que el PP se plante de una vez y que se niegue a toda negociación con el Gobierno mientras no levante la censura previa en sus ruedas de prensa, no depure responsabilidades por las declaraciones de Santiago y no destituya al impresentable José Félix Tezanos como capo del CIS y responsable de ese bulo en forma de encuesta que pretende convencernos de que el 90% de los españoles cree que "hay que apoyar al Gobierno y dejar las criticas para otro memento". A no ser, claro está, que el PP de Casado se lo crea.