Tres hechos sucedidos en las últimas fechas ponen en evidencia que la alternativa al Gobierno frente-populista de Sánchez e Iglesias es, a día de hoy, una quimera. Por un lado, Vox anuncia en el Congreso la presentación de una moción de censura en setiembre contra Pedro Sánchez sin haberlo hablado previamente con el principal partido de la oposición. En segundo lugar, el PP se aviene a negociar con el PSOE la renovación del Consejo General del Poder Judicial, desdiciéndose de su promesa de cambiar el sistema de elección de los miembros del órgano de gobierno de los jueces. Y, en tercer lugar, Ciudadanos sigue negociando con el Gobierno su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado.
No es de extrañar que Pedro Sánchez y sus socios estén más contentos que unas castañuelas al ver cómo los partidos que ocupan, al menos teóricamente, el espacio del centro y de la derecha están divididos, sin una estrategia común.
Motivos para presentar una moción de censura contra Sánchez hay más que de sobra, resumidos fundamentalmente en la pésima gestión del Gobierno en la crisis del coronavirus, tanto en su vertiente sanitaria como en la económica. Por lo tanto, es difícil argumentar en contra de la utilización de este instrumento previsto en la Constitución.
El argumento más utilizado por los que no están de acuerdo con la moción es que la más que previsible derrota de la misma tendrá como consecuencia el reforzamiento de la figura de Sánchez, al obligar a sus socios de investidura a volver a apoyarle. Hay parte de verdad en este razonamiento, pero también es cierto que la moción de censura –como ha pasado en algunas de las que se han presentado en estos años, aunque no en la que ganó Sánchez a Rajoy– han servido para desgastar políticamente a quien está en el poder y para exponer ante la opinión pública que hay una alternativa, otra forma de gobernar.
También se ha dicho que la moción de Vox va más dirigida contra el PP de Casado que contra el Gobierno de Sánchez-Iglesias. Conocida la negociación que están llevando a cabo los populares con el Gobierno social-comunista para la renovación de los órganos judiciales, se podría decir que el PP ha puesto en bandeja al partido de Abascal el ejercer en solitario el papel que le corresponde a la oposición cuando enfrente hay un Gobierno de las características del que encabeza Sánchez. En cuanto a Ciudadanos, su empecinamiento en ayudar a este Gobierno –lo hizo apoyando las últimas prórrogas del estado de alarma y lo sigue haciendo ahora con los Presupuestos– le conducirá muy probablemente a la irrelevancia en las próximas citas electorales, empezando por la que puede tener lugar en Cataluña el próximo otoño.
Como reacción ante la moción de Vox, Pablo Casado manifestó que él preferiría ganar en las urnas que a través de maniobras de distracción. El líder del PP sabe perfectamente que mientras el centro-derecha se presente dividido a las elecciones, el triunfo es prácticamente imposible, primero porque la Ley D’Hondt castiga mucho esa división en las circunscripciones pequeñas, y en segundo lugar porque aunque consiguiera ser el partido más votado, su margen para sumar en un proceso de investidura es mucho más limitado que el de la izquierda. Para gobernar tienes que estar en el entorno de los 10 millones de votos. El PP, en las últimas elecciones generales, tuvo la mitad. Los otros 5 millones se repartieron entre VOX (3,7 millones) y Ciudadanos (1,7).
A día de hoy, y dejando al margen a Ciudadanos por su confusa deriva pro-gubernamental, el entendimiento entre el PP y Vox se presenta como algo imposible: por intereses partidistas y también personales en ambos partidos. La relación personal entre Casado y Abascal es buena, pero eso no es suficiente para construir una alternativa que pueda ganar en las urnas, ilusionar a una mayoría de ciudadanos y poner fin al peor Gobierno que ha tenido España en el momento más delicado de su historia reciente.