No es descartable que el vicepresidente Pablo Iglesias luzca en su próxima aparición pública el vestido para hombres con el que Gucci pretende romper con los "estereotipos tóxicos". El primer estereotipo que se carga es el de la relación calidad-precio, pues el trapo cuesta 1.900 euros. El caso es que si Iglesias pretende que no se hable de lo suyo, la deriva judicial de los inexplicables sucesos en torno a la tarjeta del móvil de su exasesora Dina Bousselham (ferviente monárquica en Marruecos y feroz antimonárquica en España), no le va a valer con el moño y los pendientes que ya exhibe y que en combinación con su perilla componen un logrado homenaje a la hembra barbuda.
A Pablo le queda el comodín de la Fiscalía, que como todo el mundo sabe depende de su colega Pedro, pero el asunto pinta feo. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón le acusa de tres delitos. A saber: daños informáticos, descubrimiento de secretos con agravante de género y denuncia falsa o simulación de delito. Y ha elevado el asunto al Tribunal Supremo dada la condición de aforado del presunto.
Eso es porque nuestro hombre no ha conseguido todavía arbitrar una explicación decente y convincente sobre el hecho de que se guardara durante meses la tarjeta del móvil de Dina, que le llegó de matute y que entre otros datos contenía fotografías íntimas de la afectada. O que tardara meses en devolvérsela y que cuando por fin lo hizo se la entregara achicharrada. Tampoco resultan coherentes sus teorías sobre la supuesta campaña de las presuntas cloacas contra su egregia figura porque un digital había publicado comentarios suyos en un chat difundidos por la propia Bousselham, a quien agradeció que acomodara su versión a la suya con la dirección de un panfleto digital creado ad hoc.
Como era de esperar, la izquierda ha salido en tromba a defender al macho alfa de Podemos, el tipo que soñaba en voz alta con azotar a la periodista Mariló Montero hasta hacerla sangrar, el perdonavidas del Congreso, el vicepresidente que muerde los tobillos del Rey mientras Sánchez se hace el loquito, el amigo de los proetarras, el marqués del chalé con piscina.
La versión de sus periodistas de cámara, financiados por Roures, es que Carlos Lesmes, el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha tomado como rehén al vicepresidente. Qué hábiles. De modo que cuando el juez García Castellón indaga en las interioridades de la operación Kitchen se está haciendo justicia y cuando el mismo juez empaqueta hacia el Supremo al moño vicepresidencial resulta que la Justicia es un vertedero que persigue a Iglesias por razones espurias.
Según el punto G, precisamente el G, de los estatutos de Podemos, a Iglesias no le quedaría más remedio que dimitir, cosa que no va a ocurrir porque la izquierda no tiene doble moral sino triple y lo que vale para la plebe no afecta a las élites. Pase lo que pase en el Supremo, el expediente debería servir para que Iglesias se entere de que la política no es una serie de entretenimiento y para que Sánchez se acuerde de cuando decía que un Gobierno con esa peña de Podemos le quitaba el sueño. Y para que se haga justicia por Dina, la dama burlada.