El fiscal Navajas cree que hay que archivar las denuncias contra el Gobierno por su deficiente gestión de la pandemia. Opina que el asunto no merece siquiera una mínima investigación. Quienes comparten su opinión alegan que en muchos sitios han pasado cosas parecidas. Es verdad, pero en unos se han hecho las cosas peor que en otros. Y no por mera estulticia, sino también por intereses políticos. En España, sabemos que la adopción de medidas se aplazó para permitir las manifestaciones del 8 de marzo y, de paso, todos los acontecimientos multitudinarios de aquel fin de semana. Y en Francia ocurrió algo parecido. Se pospuso la toma de decisiones para dar tiempo a que se celebraran las elecciones municipales del 15 del mismo mes. El resultado en los dos países ha sido similar. En ambos la pandemia ha golpeado con especial fuerza. Y en ambos los Gobiernos sobreactúan con medidas exageradas, que restringen injustificadamente la libertad de las personas y perjudican gratuitamente la economía nacional. Hacen como los malos árbitros, compensan con equivocaciones de sentido opuesto las cometidas con anterioridad. A los pocos días de celebrados los actos que a los Gobiernos les interesó que se celebraran, los dos adoptaron durísimas medidas de confinamiento. En España se decretaron el 14 de marzo y en Francia, el 17.
No obstante, hay una diferencia muy notable. En Francia, la Corte de Casación decidió en julio admitir a trámite unas ochenta querellas de particulares contra el Gobierno. Y este jueves agentes de la Gendarmería han registrado los despachos y domicilios de dos ministros de Sanidad, el actual y el anterior, los del antiguo primer ministro y los de otros políticos. Hasta ahora ninguno de ellos ha sido imputado, pero el Poder Judicial ha considerado que, dada la gravedad de los hechos y la presencia de indicios de negligencia, merecía la pena indagar.
Aquí los indicios son los mismos, pero agravados. Las compras de material sanitario no sólo se gestionaron tarde y mal, sino que en dos ocasiones al menos se hicieron a través de intermediarios que carecían paladinamente de toda experiencia comercial sanitaria. Fuimos timados, se perdió un tiempo precioso y un dinero nada despreciable. Si fue fruto de la incompetencia, es posible que no haya responsabilidad penal. Si fue consecuencia de un comportamiento negligente, algo de responsabilidad habrá. Y si fue, como tiene toda la pinta de ser, un caso de corrupción, sería para encerrar a los responsables y echar la llave al río. Y todo eso, además del comportamiento negligente, merece ser escrutado hasta el final. Si luego resulta que no hay pruebas de ninguna conducta criminal, que se archiven las denuncias y querellas. Pero sólo después de haber examinado atentamente las pruebas que se puedan reunir. Haya dicho lo que haya dicho Navajas, los magistrados del Supremo todavía no se han pronunciado. Ya veremos qué dicen. ¿A quién puede extrañarle que este Gobierno esté a toda prisa intentando someter al órgano de gobierno de los jueces?