Repasando los vestigios que dejó en la prensa aquel gran movimiento del cambio que se suponía el 15-M, uno ya no sabe si sentir algo distinto al tedio. Más allá de los partidos que salieron de allí, de la profunda ideología que se reificó en el sistema como un nuevo engranaje, exactamente igual que los que ya existían y sólo un poco capaz de colapsarlo todo, España ha terminado siendo lo que fue, que es lo mismo que no decir absolutamente nada.
Son las cosas de la inercia histórica, el eterno ejemplo lampedusiano, tan manido como útil, por certero. En la política nacional ha cambiado todo para que todo siga igual; y lo único que sorprende ahora es recordar que hubo un tiempo, hace no tanto, en el que llegó a parecer creíble que quizás alguna cosa pudiese ser modificada en lo fundamental. Podríamos decir que existió un error, tal vez, que consistió en la facilidad con que aceptamos que la marea de indignados, esa gente harta del secuestro que los políticos habían hecho del mecanismo diseñado para gobernarnos, fuese identificada con un color concreto, con una coleta y con un discurso. No parece cierto que todos los que se movilizaron hace una década lo hiciesen para derribar lo que existía. Derribar no es una palabra inocente. Habría que recordar, en todo caso, que muchos buscaban precisamente lo contrario: recuperar las instituciones, fortificarlas, sanearlas de tantos años de turnismo y corruptelas. Buena parte del sueño del 15-M se asentó en la concepción de que los verdaderos antisistema eran los políticos, precisamente, que habían asegurado su sustento a base de mancillar los principios de la democracia que nos dimos hace más de cuatro décadas.
Pero de alguna forma todo eso se nos olvidó. La amenaza, cada vez más evidente, de otro tipo de reivindicaciones nacidas de ese mismo descontento pero azuzadas por la demagogia y la mentira histórica hizo que la línea de debate se reubicase. La defensa de la Constitución, ese marco mejorable pero básico, terminó confundiéndose con la defensa de aquellos partidos que la habían corrompido, en una especie de institucionalización antisistema de la que Pablo Iglesias no tardaría en sacar tajada también. Así llegamos a esta semana y a la noticia del inminente desbloqueo de la elección del gobierno de los jueces, como si la cosa, de darse, significase un logro de la moderación, un gran ejemplo de estadismo, y no la consolidación de una mentira. Todos los representantes de los partidos que continuan jugando esta mano interminable han prometido alguna vez un cambio. Han hablado maravillas de la separación de poderes y han reivindicado la necesidad de apartar los intereses políticos de esas cosas tan importantes como el Poder Judicial o los consejos de administración de las televisiones públicas. Hoy hay gente que le reprocha a Iglesias el haberse convertido en todo aquello que había venido a combatir. Pero no se entiende el desconcierto, en realidad, teniendo en cuenta su concepción de la democracia. A los que habría que dirigirse, en todo caso, es a Sánchez y a Casado, para recordarles que el acuerdo que se espera todavía es el que permita que el gobierno de los jueces no vuelva a depender de personas como ellos.
Y es que al final no hubo retorno. Aquello que surgió hace diez años no consiguió que se aplicaran nuevamente los principios fundacionales eternamente traicionados, como diría Gistau. Lo que hubo fue una consolidación. La acentuación de todo por lo que la gente quiso decir basta aquellos días. Ahora tenemos una cámara ingobernable, atomizada, dependiente de los extremos nacionalistas y a merced de quienes continúan queriendo instrumentalizar el orden que salvaguarda nuestros derechos y libertades. En este mundo nuevo, igualmente fanatizado que el de antaño, para encontrar las verdaderas amenazas del sistema democrático hay que mirar a la cámara de los diputados. Nada nuevo bajo el sol, de todas formas, como seguramente habría dicho Lampedusa.