Reducir la política al derecho es una anormalidad. Conduce directamente al encanallamiento político, es decir, a vivir con normalidad lo extraño y perverso de una sociedad. No confundamos instituciones que tienen autonomías diferentes. La política y el derecho tienen sus propios ámbitos de actuación. Procuremos separarlos y estudiemos con cuidado sus relaciones. Necesitamos más energía política, democrática, y menos recursos a los tribunales de justicia. Es algo que los políticos españoles no consiguen entender, o peor, se hacen los suecos para no lidiar el mayor problema de nuestro país: la carencia de genuina política. La limitadísima capacidad para resolver conflictos sin tener que recurrir a esferas que no son políticas, por ejemplo, la de la Justicia, es ya un mal endémico de nuestro régimen democrático. No nos engañemos con cantos de sirenas a las grandezas de la institución del Derecho. Reconozcamos, sin duda alguna, su fuerza civilizadora, pero a la par mostremos sus inconvenientes y fronteras.
El Estado de Derecho tiene sus límites. La prueba más evidente de su escasa capacidad resolutoria para mediar entre un conflicto genuinamente político, por un lado, y un asunto judicial, por otro, es el caso de la fiscal general del Estado. ¡He ahí una causa resuelta, sí, desde el punto de vista judicial, y abierta en canal en la esfera política! Podemos considerar injusta, inmoral y hasta ilegítima la resolución del Supremo contra la recusación de Vox y el PP por la "ilegalidad" del nombramiento de la señora Delgado, pero nadie en su sano juicio podrá poner en cuestión la legalidad de la decisión adoptada. Formalmente es ajustada, como dicen los especialistas, a Derecho, pero a nadie parece dejar satisfecho.
Porque el Derecho sirve para todo, otra cosa diría de la Justicia, la absolutización y divinización de su poderes es la mejor manera de despreciar la esencia del Estado de Derecho, en realidad, del Derecho como ciencia o saber para ser un poco más civilizados. Porque el Derecho, en verdad, siempre es incierto, contingente y ambiguo, trata de buscar en cada resolución judicial la mejor argumentación, o doctrina, la máxima seguridad posible y, en fin, se esfuerza por hallar motivos suficientes para legitimarse como un bien público. Porque el Estado de Derecho no es algo perfectamente acabado sino en permanente construcción, confiemos un poco más en la política que en las sentencias judiciales. Nunca creamos que los problemas políticos los resolverá la Justicia. En otras palabras, podemos preguntarnos, cuestionar y criticar por qué dos partidos, en su responsabilidad de fiscalización del Gobierno, no están legitimados para impugnar un nombramiento como el de la señora Delgado, pero nada de eso nos libera del problema central: es menester vindicar la política con mayúscula, entre otras razones, porque la legitimidad del Derecho está permanentemente amenazada. Prueba de su escasa legitimidad es la debilidad de la sentencia del Supremo sobre el nombramiento de la fiscal general del Estado.
Pero, por favor, no le pidamos al Derecho que resuelva un asunto estrictamente político. Claro que tienen estrecha relación, pero o reconocemos que la política va por un lado y el derecho por otro, o la política se degradará aún más de lo que está. La politización de la Justicia es tan perversa como la utilización abusiva de los tribunales por parte de los partidos políticos para hacer oposición. Tratar de resolver un asunto político a través de los tribunales de justicia es siempre peligroso. Hagan, pues, PP y Vox más política y dejen el Supremo. Éste solo ha avalado formalmente, o sea guardando las formas, la doctrina del presidente del Gobierno: la fiscal general del Estado depende del Gobierno. Terrible. Pero eso no se combate en los tribunales de justicia sino en la calle y en el Parlamento, en los discursos de los partidos y en los medios de comunicación, en fin, haciendo política sin reducirla a los dictados de un saber incierto, contingente y ambiguo.