Prácticamente todo lo que ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez a cuenta de la pandemia del coronavirus ha sido tan inmoral como desastroso. Desde la irresponsabilidad criminal de los primeros momentos, cuando arriesgó la vida de decenas de miles de españoles porque tenía que celebrarse a toda costa la mamarrachada feminista del 8-M, hasta los comités de expertos que nunca existieron, pasando por el uso político de la catástrofe, casi siempre contra Madrid, sin olvidar la brutal incompetencia de cuando asumió la gestión de la sanidad en todo el país, no ha habido fase de la pandemia en la que Sánchez y su banda no hayan dado muestras de estar tan faltos de capacidad como de honestidad.
En realidad, Sánchez, Salvador Illa y Carolina Darias dejaron de gestionar la pandemia en cuanto descubrieron que no obtenían ninguna rentabilidad política de ello, y desde entonces sólo se han preocupado del problema si han visto la oportunidad de rascar algún voto –recuérdese la infame campaña para las autonómicas catalanas que hizo Illa atacando ilegalmente a Madrid– o si la presión de los partidos y los medios se les hacía pesada.
Ha sido el caso de los últimos días, en que Sánchez ha aprovechado el aumento de los contagios propiciada por la variante ómicron para perpetrar otro de sus insufribles mensajes institucionales, convocar una conferencia de presidentes autonómicos para dar la matraca con la "cogobernanza" y, finalmente, imponer el uso de la mascarilla en exteriores.
De nuevo, Sánchez no se preocupa de los problemas de la sociedad, sino que se limita a escenificar una mascarada para que parezca que gobierna con criterio y más allá del próximo telediario; pero ya le cuesta convencer incluso a las huestes izquierdistas más serviles. En lo único que piensa el Gobierno es en la presentación mediática de sus fechorías.
En este momento de la pandemia, protagonizado por la variante ómicron, muy transmisible pero mucho menos agresiva, no son necesarias más medidas que informar correctamente a la población e intentar facilitar la mayor cantidad de test posible, tal y como está haciendo la Comunidad de Madrid. Y es que no se puede engañar a la gente con medidas que en el mejor de los casos no sirven para nada y en el peor son contraproducentes, tal y como han apuntado numerosos expertos.
Al mismo tiempo, Sánchez contempla impasible cómo algunas comunidades autónomas van imponiendo medidas igualmente inútiles y, lo peor, odiosamente liberticidas. Cerrojazos, toques de queda, limitaciones de aforo que atacan las libertades de los ciudadanos, ponen en riesgo la recuperación económica, amenazan la continuidad de miles de empresas... y todo para que nada de eso vaya a detener una ola de contagios que, afortunadamente, no va a llevar a lo único que podía justificar ese tipo de medidas: el auténtico colapso del sistema sanitario.
Y es que, por mucho que no quieran admitirlo tantos políticos y periodistas con vocación de déspotas para nada ilustrados, ya va siendo la bendita hora de la responsabilidad individual, de que cada ciudadano tome decisiones en virtud de los riesgos que estime razonable correr y de que se le den herramientas para poder afrontar la situación sin que contribuya involuntariamente a colapsar los centros de salud o las urgencias hospitalarias. Tal y como viene ocurriendo desde el inicio de la pandemia, la única Administración que parece entenderlo es la presidida por Isabel Díaz Ayuso.