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Emilio Campmany

Sánchez, Reynders y Montesquieu

Cuando Polonia aprobó algunas leyes encaminadas a controlar al Poder Judicial, nadie reparó en que en España pasaba eso mismo desde 1985.

Cuando Polonia aprobó algunas leyes encaminadas a controlar al Poder Judicial, nadie reparó en que en España pasaba eso mismo desde 1985.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante el debate sobre el estado de la nación que comienza este martes en el Congreso. | EFE

Cuando en Polonia su Gobierno de derechas aprobó algunas leyes encaminadas a controlar al Poder Judicial, nadie reparó en que en España pasaba eso mismo desde 1985. Creían los socialistas, responsables de aquella reforma legal, que como ellos eran de izquierdas, sus atentados a la separación de poderes serían considerados más democráticos que los que haga una derecha polaca que encima es católica. Con el tiempo se ha puesto en evidencia que en España hay tan poca o menos separación de poderes que en la díscola Polonia. Y el asunto ha saltado a la primera plana de los periódicos con la visita del comisario Didier Reynders, que pretende un sindiós para los socialistas, que los jueces elijan a sus representantes en el Consejo General del Poder Judicial.

Felipe González justificó la reforma de 1985 con el absurdo argumento de que por entonces la mayoría de los jueces eran franquistas y que, con el sistema de elección constitucional, el Consejo estaría dominado por la caverna. Que a González no le gustara estudiar no tenía la culpa Franco. Durante la oprobiosa, para sacar unas oposiciones, bastaban los codos con independencia de la ideología de cada cual. Que se lo pregunten a José Antonio Martín Pallín, por ejemplo.

Luego, el PSOE ha venido defendiendo la bondad del intervencionismo político en el gobierno del Poder Judicial alegando que los jueces son por naturaleza conservadores y que por eso son mayoría en la carrera. Si se permitiera que eligieran ellos a sus representantes, el Consejo siempre estaría gobernado por la derecha. Es otra falsedad. La mayoría de los jueces no son conservadores, son respetuosos con la ley y la aplican con independencia de su ideología. El PSOE cree que para ser un juez de izquierdas hay que administrar justicia a la luz de la propia ideología, retorciendo la ley tanto como sea necesario hasta que diga lo que uno quiere que diga. Dicho de otra manera, para ser un juez de los suyos, el PSOE cree que hay que ser del estilo de José Ricardo de Prada, cuyas morcillas en una sentencia dieron a Sánchez la legitimidad que necesitaba para ganar la moción de censura a Rajoy. Gracias a Dios, la mayoría de los jueces en España no son así. No sólo, sino que casi todos continúan aplicando la ley les guste o no tal cual ésta se expresa a sabiendas de que, obrando de esta manera, siempre tendrán en frente al PSOE cuando les surja la ocasión de acceder a un alto cargo de la judicatura. Es a estos jueces, que son independientes, a los que el PSOE quiere limitar el acceso al Consejo, oponiéndose a lo que muy razonablemente pide el PP, y ahora también la Comisión Europea. Y aun tiene el Gobierno el valor de decir que el sistema vigente es democrático. Nunca puede ser democrático lo que atenta contra la separación de poderes. Y lo saben.

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