Aunque la mal llamada "Ley contra la Violencia de Género", además de un clamoroso fracaso, siga constituyendo el mayor atentado legislativo contra los principios rectores de cualquier Estado de Derecho, tales como la presunción de inocencia o la no discriminación por razón de sexo, el bodrio jurídico que constituye la no mejor llamada Ley del "sólo sí es sí" de la ministra Irene Montero no se queda mucho a la zaga. Además de la alteración de la carga de la prueba y la inseguridad jurídica que conlleva el hecho de que el consentimiento para las relaciones sexuales tenga que ser manifestado, no de forma tácita, sino de forma siempre expresa; o de la inobservancia de la proporcionalidad de las penas que conlleva la eliminación de la diferencia entre el abuso y la agresión sexual; así como las amplísimas horquillas penológicas que conlleva la unificación de estos dos delitos de tan distinta gravedad, la ley del "sólo sí es sí" estaba llamada a provocar multitud de solicitudes de revisión a la baja de condenas en virtud del principio de retroactividad de la ley penal más favorable señalada en el articulo 2.2. del Codigo Penal.
Así lo advirtió en su día el Consejo General del Poder Judicial, entre otras críticas, en su demoledor informe contra el anteproyecto legislativo de Montero, como también lo hicieron numerosos juristas de prestigio como Jose María de Pablo. Es más: Hasta el Fiscal General del Estado, Álvaro Garcia Ortiz, tuvo que admitir que era "posible que la entrada en vigor de la nueva ley obligue a revisar a la baja algunas penas". Ni que decir tiene que todas estas criticas y advertencias fueron desechadas por el Ministerio de Igual da como propias de maledicentes.
Pues bien. Ahora se ha sabido que el mismo día de la entrada en vigor de la Ley Montero un profesor condenado a seis años y nueve meses por abusos sexuales a sus alumnos fue puesto en libertad, ya que su pena quedaba reducida a 15 meses de prisión —por otra categoría de abusos y por tenencia de pornografía infantil— que ya había cumplido..
Otro tanto se puede decir de un condenado a seis años de prisión por violar a una amiga que le había dejado dormir en su casa. La pena correspondía al mínimo vigente para ese delito hasta la entrada en vigor de la reforma de Igualdad. La Audiencia de Madrid aceptó el pasado día 4, sin oposición de la Fiscalía, reducir la condena a cuatro años, que corresponden al nuevo mínimo previsto en la ley.
Asimismo, este martes se ha sabido que la Audiencia Provincial de Madrid ha reducido de 8 a 6 años la condena que había impuesto a un acusado de abusar sexualmente de su hijastra menor de edad, como consecuencia de la entrada en vigor del bodrio jurídico de la ministra.
Lo peor es que, lejos de admitir el dislate, la podemita Delegada del Gobierno contra la Violencia de Genero, Victoria Rosell, sigue sin admitir error alguno aseverando que "la justicia machista crea impunidad. El problema no es la ley".
La vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, se ha visto obligada, sin embargo, a reconocer la necesidad de someter a estudio la norma estrella del Ministerio de Igualdad porque los efectos que de ella han empezado a derivarse son perniciosos y juegan precisamente en contra del supuesto objetivo que se perseguía con la nueva legislación.
Ya se verá en qué queda el asunto. Pero lo que es evidente es que si, tal y como decía Sófocles, "ocasiones hay en que la Justicia misma produce entuertos", encomendar cambios legislativos a los delirios ideológicos de iletrados funcionales como Irene Montero los crea a cientos.