La medida cautelar que ha solicitado el PP es desde luego excepcional y de uso muy restringido, pero no esconde en absoluto ningún golpe de Estado, como pretende hacer creer la izquierda. Para que una medida cautelarísima inaudita parte como la que ha pedido el PP pueda prosperar, hacen falta dos cosas. La primera es que lo que se esté impugnando sea groseramente inconstitucional. De esto, no hay duda porque el tribunal tiene bien establecido que no es constitucional reformar leyes aprovechando que se legisla sobre algo que no tiene que ver, mucho más si se trata de materia como en este caso reservada a ley orgánica. La segunda, que el daño que se produzca de no adoptarse la medida sea irreparable cuando la sentencia que resuelva sobre el fondo del asunto estime el recurso.
De aprobarse las dos funestas enmiendas del PSOE, ¿sería el daño producido irreparable? A consecuencia de ellas, los magistrados designados por el Gobierno serían magistrados desde la entrada en vigor de la reforma porque el Constitucional habría sido privado del derecho a examinar si cumplen o no los requisitos legales. Y los que corresponden al Consejo General del Poder Judicial podrían serlo sin necesidad de consenso, eligiendo cada bloque al suyo. ¿Produciría esto un daño irreparable? Evidentemente, todas las sentencias que dictara el Tribunal Constitucional con magistrados cuya elección se haya producido en base a una ley aprobada por un procedimiento inconstitucional serían nulas. La única forma de evitar que se produjera ese desastre es que el Tribunal Constitucional, tras ser renovado en base a normas potencialmente inconstitucionales y antes de hacer ninguna otra cosa, resolviera sobre el fondo del asunto con la abstención de esos nuevos magistrados. Sin embargo, no hay cauce legal para garantizar que se hará así. Mucho más en cuanto a la abstención de los nuevos, que dependerá de una decisión personal de ellos. Y no se puede dar por sentado que serán recusados. En consecuencia, de permitirse que las enmiendas sean aprobadas por un procedimiento inconstitucional, el daño que se producirá de estimarse el recurso será irreparable. Y para evitarlo no hay otro remedio que aplicar la medida cautelarísima solicitada por el PP.
Entonces, ¿por qué insiste el Gobierno? Lo hace por la sencilla razón de que, si el procedimiento legislativo no se interrumpe, las reformas se publican en el BOE y los nuevos magistrados son elegidos, la nueva mayoría socialista del Tribunal, presidido por Cándido Conde-Pumpido, fallará con toda seguridad que el procedimiento de cambiar dos leyes orgánicas aprovechando que se está reformando una tercera por la vía de urgencia con dos enmiendas de última hora y sin informes de los órganos consultivos, es perfectamente constitucional a pesar de que es evidente que no lo es. Si van a resolver que en Cataluña la Generalidad puede convocar un referéndum de independencia, que es una manera mucho más descarada de cargarse la Constitución, ¿qué más les da violarla ahora por una cuestión de forma? Y ése sí que será un daño verdaderamente irreparable