Cuando faltan escasos días para acabar el 2022, el balance que se puede hacer del estado de salud de nuestra democracia, de nuestro sistema constitucional, no puede ser mas desolador. España atraviesa por el momento más grave desde la transición política debido a que es el propio Gobierno de la Nación quien está socavando el régimen constitucional del 78 y dando alas a los que quieren que España deje de ser España, es decir, a los independentistas catalanes y vascos.
Especialmente intensos han sido los últimos meses, las últimas semanas del año, con medidas impulsadas por este gobierno Frankenstein como la abolición del delito de sedición, la rebaja del delito de malversación y el intento de asalto —temporalmente frustrado— al Tribunal Constitucional para controlar este órgano de garantías y poder así abrir la puerta a un referéndum en Cataluña.
Pero es que antes, este Gobierno concedió el indulto a los golpistas catalanes, aprobó leyes que afectan a cuestiones como el derecho a la vida del no nacido; sacó adelante una muy controvertida ley de eutanasia o una ley de educación; aprobó la mal llamada ley de memoria "democrática", la ley del "sólo si es si" y por último la ley trans, que permite la autodeterminación de género a personas menores de edad sin que los padres puedan hacer nada.
Todo este conjunto de iniciativas legislativas, que tienen una gran carga política y de ingeniera social, ha provocado una enorme crispación en el Congreso de los Diputados durante su tramitación, crispación que de alguna manera se ha trasladado a la sociedad como no puede ser de otra forma.
En su mensaje de Nochebuena, el Rey Felipe VI, dentro del estrecho margen de maniobra que tiene, se refirió a ese estado de crispación, de división de la sociedad, al deterioro de las Instituciones o al peligro de no preservar el espíritu que hizo posible la transición política. Pero el Rey, aunque quisiera, no podía ir más allá, porque a diferencia de su intervención el 3 de octubre de 2017, tras el referéndum ilegal celebrado en Cataluña, ahora quien ataca la Constitución no está fuera, sino dentro: es el propio Gobierno de la Nación. Y la propia institución de la Corona no está al margen de esos ataques.
A día de hoy, el Rey y los jueces son los dos muros de contención que quedan en pie para defender nuestro sistema constitucional. Felipe VI, más como un símbolo, un referente para la ciudadanía, porque ni la Constitución le permite mucho más, ni desde luego este Gobierno ni los partidos que lo conforman, empezando por el PSOE, se lo tolerarían.
En cuanto a los jueces, hay que confiar en que sigan cumpliendo su función, que no es otra que aplicar la ley. Es muy difícil que, desde el poder político, por mucho empeño que se ponga en ello, se pueda controlar toda la actividad judicial que se lleva a cabo desde el Tribunal Supremo al último juzgado de una demarcación provincial.
Nos esperan, a la vuelta de estas fiestas navideñas, meses complicados, porque el proyecto de Sánchez necesita dar todavía más pasos para consolidarse en el poder más allá de las próximas elecciones generales. Para eso necesita mantener sus alianzas con lo "mejor" de cada familia: los independentistas/golpistas de ERC, los herederos políticos de ETA y los siempre "aprovechateguis" del PNV, que siempre están ahí para ver que pueden ganar, aunque ya son conscientes que las preferencias de Sánchez se inclinan claramente por Bildu hasta el punto que si en un futuro se dan las circunstancias, pactará con ellos para formar gobierno en el País Vasco.
Ante este panorama, es mas urgente que nunca que los partidos que pueden conformar la alternativa a este desastre de Gobierno se pongan manos a la obra, aparquen sus intereses partidistas y entiendan que el objetivo prioritario y casi único es echar democráticamente en las urnas al actual inquilino de la Moncloa.