El núcleo irradiador está incandescente. La decisión socialista de corregir la infausta ley del sí es sí ha provocado un estallido de ira en el búnker podemita. Montero y Belarra lanzan incendiarias proclamas contra la derecha política, la derecha judicial y la derecha mediática, todas ellas derechas, y siempre, por definición, culpables. Ninguna de esas derechas redactó la ley en cuestión, pero escuchando las proclamas se diría que son culpables de que se hayan rebajado las penas de más de 270 condenados y de la alarma generada por tales rebajas, más la alarma por los que han salido a la calle, aunque insistían hasta hace bien poco desde Igualdad, con o sin risotadas, que no eran tantos, qué va.
Todo este fiasco se lo endilgan las ministras al tridente derechista. No reconocen ningún defecto en la ley, que elogian —autoelogio— como el mayor avance del feminismo en décadas. O siglos, por qué no. Y alertan de las presiones que están haciendo los sectores reaccionarios para liquidarlo y regresar al modelo anterior. La incongruencia es visible. La causa de estas airadas reacciones es la decisión socialista de enmendar la ley, sí o sí. El sector reaccionario que presiona es el PSOE. Pero la ira podemita no se dirige en público contra sus socios, sino contra la derecha, una señal clara de que esta guerrita no va lo suficientemente en serio como para tener consecuencias. Romper la coalición no entra en los planes de ninguno de los que la componen. Con salvar el ego se conforman.
Hay una incongruencia previa. La de dar luz verde a la ley en el Consejo de Ministros, por no hablar del Congreso. Y otra inmediatamente posterior: la defensa incondicional que hizo el presidente del Gobierno, quien dijo que era una ley de vanguardia y que todo el mundo la iba a imitar. Pero esto sucedía antes de ayer. Hoy es otro día. El presidente ha cambiado de opinión, como suele, y, como suele, no lo reconoce. El relato oficialista es ahora que la ministra de Justicia intentaba desde noviembre que Igualdad aceptara rectificar la ley. Quién lo hubiera dicho. Pero también fue relato oficial que ninguno de los cambios en el Código Penal iban a tener coste político.
Acaban de recalcular el coste. En el nuevo cálculo se encuentra la motivación del afán corrector de los socialistas. Habían hecho las cuentas de la lechera. Contaban con el año nuevo, vida nueva. Con que la riada de agresores beneficiados iba a dejar de ser asunto de interés. Se sabe que la reforma de la ley no podrá parar nada, pero no se trata de frenar las rebajas de condena, sino de frenar su efecto político, que es asunto diferente. Todos, desde Montero hasta Sánchez, sabían que las penas iban a bajar. Como ha dicho una de las autoras de la ley, la catedrática gallega Patricia Faraldo, "castigar más no protege mejor a la víctima". El nuevo paradigma no es punitivo, pero nueve años para los de La Manada les parecían pocos. Y esta ley, como recordaba la airada Montero, es el resultado de aquella movilización. Así salió.