El engendro jurídico que constituye la ley Montero ha marcado la sesión de control al Gobierno de este miércoles en el Congreso, donde Pedro Sánchez ha vuelto a poner en evidencia que su desfachatez carece de todo límite. Y es que la única asunción de responsabilidades políticas de nuestro endiosado e incompetente presidente de gobierno, tras su parcial y tardío reconocimiento de la chapuza que ya ha forzado la rebaja de pena de más de 400 agresores sexuales, ha sido la de presumir de un "gobierno feminista", que destina "45.000 millones en ayudas sociales", un gobierno que "despliega un escudo social, que sube el salario mínimo interprofesional y que eleva las pensiones".
Tal ha sido el escapismo del presidente de Sánchez ante la cuestión planteada que parecería haber decidido utilizar como cabeza de turco a la ministra de Justicia, Pilar Llop, quien, por el contrario, ha sido la única en asumir "total" y "personalmente" los efectos "gravísimos" que ha generado esta dichosa ley.
No vamos a negar —todo lo contrario— que este engendro jurídico es responsabilidad de todo el gobierno —empezando por la persona que lo preside— que lo aprobó de forma colegiada en Consejo de Ministros. En este sentido, aun pueden resonar en los oídos de todos los lectores, las palabras de la ministra de Educación y portavoz del PSOE, Pilar Alegría, en las que, con razón y lamentable jactancia, decía que "las leyes que se aprueban en Consejo de Ministros son de todo el gobierno. Más esta ley". Ahora bien, que ahora se utilice de pararrayos o de cabeza de turco a una persona como Pilar Llop, quien, para empezar, aun no era ministra cuando la norma salió del Consejo de Ministros y, a la postre, parece ser la única dispuesta a reformarla partiendo del reconocimiento de los catastróficos efectos que ha generado, es el colmo de la impostura. Aun cuando la ley del "sólo sí es sí" sea culpa, ciertamente, de todo el gobierno, el responsable directo de la misma es la ministra de Igual da, Irene Montero, mientras que el máximo responsable de la misma, como presidente del gobierno, es Pedro Sánchez.
Ahora bien. Es lamentablemente evidente que Sánchez no va a dimitir por una ley de Montero a la que dio su respaldo por el mismo motivo por el que ahora quiere reformarla y que no es otro que sostenerse, como sea, en el poder. Ese ha sido, es y seguirá siendo el leitmotiv de toda decisión de Sánchez. Y por ello, tampoco puede cesar a Montero, pues, aunque esta ley está teniendo un coste electoral para el PSOE, cesar a la ministra podemita por este motivo podría significar la ruptura total de la coalición que le sostiene en el poder. La solución: utilizar de pararrayos a Pilar Llop. Y es que Pedro Sánchez, por sostenerse en el poder, hasta sería capaz de hacer culpable de la ley Montero a Ramón Tamames.