Veinte años del Cupo Vasco

Ahora, cuando acaba de aprobarse una nueva Ley del Cupo Vasco para el período 2022-2026, es oportuno establecer el balance de la aplicación de esta peculiar forma de financiación del País Vasco de acuerdo con la cual a la región se le asigna enteramente la recaudación de los impuestos concertados por parte de las Diputaciones Forales a cambio de que el Gobierno Vasco se haga cargo, a través del Cupo, del coste de las competencias que ejerce el Estado y que no han sido transferidas a la Comunidad Autónoma. No discutiré ahora lo artificioso de este planteamiento en la práctica fiscal de las relaciones entre el País Vasco y el Estado, pues de todos es sabido que los cálculos que corresponden a esa transacción carecen de rigor contable y son más bien fruto de un acuerdo político en el que se hacen valer los apoyos que la representación del PNV en el Congreso de los Diputados pueden otorgar al gobierno nacional de turno. Lo que ahora me interesa es observar cómo se ha cumplido la letra —y los dineros— de las leyes del Cupo, aprovechando la información que, a este respecto, ha publicado la Intervención General de la Administración del Estado. Los datos —que se reflejan en el cuadro adjunto— hacen referencia a las cantidades anuales liquidadas por el Gobierno Vasco en el Tesoro entre 2002 y 2021.

En esos datos, el lector podrá advertir inmediatamente que en el primer período quinquenal —que corresponde a la Ley del Cupo de 2002— el País Vasco cumplió escrupulosamente con las cantidades pactadas, de manera que ingresó en el Tesoro un promedio de 1.203,3 millones de euros, una cantidad esta que superó en un poco más del 10 por ciento a la establecida en la norma. Esto no debe extrañar porque la ley fija el Cupo líquido que corresponde al año base —en este caso, 2002— y para el resto del período se establece una fórmula de revalorización que depende de las previsiones de recaudación estatal de los tributos concertados en cada ejercicio con respecto a las del año base.

Esta dinámica inicial se mantuvo en los dos primeros años del quinquenio siguiente, cuyo Cupo se estableció en la ley de 2007, de manera que la cantidad liquidada —1.638,2 euros— fue prácticamente igual a la regulada legalmente. Pero no ocurrió lo mismo después. La ley que acabo de mencionar fue prorrogada por un quinquenio más, por lo que la comparación entre los ingresos del País Vasco en el Tesoro hay que compararlos con lo regulado en ella. En concreto, el promedio del período 2009-2016 se cifró en 805,7 millones de euros, un poco menos de la mitad de lo previsto, lo que se debió a la fuerte caída que experimentaron las liquidaciones desde 2009 hasta 2012. Una caída que empezó a recuperarse más tarde, aunque sin llegar en ningún momento a las cifras del bienio 2007-2008.

Fuente: Elaborado a partir de datos de la IGAE (Liquidación del presupuesto. Estado) y de las Leyes del Cupo Vasco.

Cabe preguntarse por qué tan repentinamente tuvo lugar la desvalorización del Cupo liquidado que acabo de señalar. La única explicación plausible podría tener que ver con los efectos de la crisis financiera que se desencadenó después del verano de 2008; una crisis que se reflejó en una caída importante de la recaudación fiscal al año siguiente, que en el País Vasco, con un 14,5 por ciento, resultó más intensa que para el Estado, cuyos ingresos se redujeron en una décima parte. Lógicamente, este comportamiento fiscal, de acuerdo con la regla de revalorización a la que antes he aludido, se reflejará en una disminución del Cupo a liquidar. Sin embargo, los números no avalan de ninguna manera la cifra de 2009 —que se queda en la mitad de la del año anterior— y menos aún la de 2010 —que se queda en la cuarta parte—, sobre todo si se tiene en cuenta que tras la crisis recaudatoria de 2009 vino una recuperación paulatina, tanto en Euskadi como en España, de los rendimientos fiscales. En consecuencia, de todo ello sólo cabe colegir que el PNV logró trasladar al Estado su propia crisis de ingresos, reclamando su auxilio de la misma manera que, en esa época, estaba ocurriendo con las demás Comunidades Autónomas. Pero ello sería incompatible con el marco legal de la financiación foral, pues un aspecto esencial de ésta es que, con el Concierto Económico y el Cupo, el País Vasco tiene que asumir necesariamente el riesgo unilateral de una crisis de esa naturaleza. Precisamente ese riesgo unilateral es el que justifica que, con el sistema foral, el País Vasco no asuma el déficit en el que pueda incurrir el Estado para su financiación. Pero ya se ve que, en la práctica, el Gobierno Vasco no ha estado en esto a las duras y a las maduras, pues en su concepción sólo se admite que se pueda sacar alguna ventaja con tan peculiar sistema de financiación.

Cerremos este análisis con el último período —el regulado en la Ley del Cupo de 2017—, en el que las cosas volvieron parcialmente a su sitio, aunque de un modo alicorta, pues habiéndose fijado un cupo menor que en 2007, los ingresos vascos en la hacienda estatal se quedaron un 15 por ciento por debajo de la cifra acordada.

Finalmente, nos podemos preguntar qué sacaron las administraciones vascas de todo esto. La respuesta nos la da la trayectoria del porcentaje del PIB vasco destinada a satisfacer el Cupo cada año; una trayectoria que avala el principio general que, en 1852, enunció el vitoriano Pedro de Egaña: "el Fuero es no pagar". Un principio que, en los tiempos actuales, se ha reformulado en el sentido de que de lo que se trata es de pagar lo menos posible. Y así, el País Vasco ha pasado de soportar una carga del 2,4 por ciento de su PIB en la etapa inicial del siglo —entre 2002 y 2008—, a otra muy inferior del 1,3 por ciento en los años de la crisis financiera y su ulterior recuperación —entre 2009 y 2016—, o del 1,6 por ciento en el período más reciente —entre 2017 y 2021—. Tal reducción de la aportación vasca al sostenimiento del Estado no se justifica ni en una ampliación competencial autonómica —pues según las leyes del Cupo, aunque con razón pueda parecer increíble, las competencias asumidas por el País Vasco pasaron de suponer un 53,7 por ciento de las presupuestadas por el Estado en 2002 a un 32,6 por ciento en 2017— ni tampoco en una decadencia notoria de la economía vasca —que en todo ese período nunca dejó de ser una de las de mayor PIB por habitante de España y, gracias a estos oscuros manejos del Concierto, la que registró la mayor renta disponible per cápita del país—. En resumen, todo esto del Cupo hiede; es como el timo del tocomocho y en él salimos siempre perdiendo todos los españoles.

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