El Congreso de los Diputados que preside la señora Francina Armengol ya lo tiene todo dispuesto para que sus señorías puedan participar de los debates, trámites y comisiones de la cámara baja en la lengua autonómica que les plazca. Todos los escollos reglamentarios, burocráticos y veremos si también los legales se han solventado con una celeridad extraordinaria. Ha sido un dicho y hecho colosal para satisfacer las exigencias de los diputados independentistas, entre ellos el ínclito Gabriel Rufián. Sí, el mismo que prometió campanudamente en enero de 2015 que dejaría el escaño en 18 meses, el horizonte temporal en el que preveía la existencia de la república catalana independiente. Pero Rufián sigue en el Congreso, a punto de cumplir ocho años ya de estancia en la Cámara Baja chupando del bote español.
El caso es que Rufián y los demás diputados separatistas ya no deberán pasar por el angustioso trance de hablar en español, pero los niños de su región siguen sin poder hablar en español ni siquiera en el patio de los colegios, estrictamente vigilados por los guardianes de la "lengua propia" catalana. Y eso que varias sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ratificadas por el Tribunal Supremo resuelven que al menos un 25% de la educación obligatoria debe impartirse en español. Papel mojado y recurrido en el TC, el Tribunal de Conde-Pumpido.
En resumen, que en la sede de la soberanía nacional se podrá hablar en la lengua de Pompeu Fabra, pero los niños cuyo idioma materno es el español no pueden aprender en la lengua de Cervantes en los colegios catalanes. Y eso es porque los insignes representantes del nacionalismo catalán ahora acogidos al reglamento del Congreso se pasan las sentencias por debajo del arco del triunfo, así como los derechos de la infancia insertos en las resoluciones internacionales.
En el Congreso de los Diputados también se prevé la tramitación y aprobación por la vía de urgencia, en lectura única y por los dídimos morenos de Pedro Sánchez de una ley de amnistía que suprima, extinga y reduzca a trizas todos los delitos perpetrados por los independentistas antes, durante y después del golpe de Estado de 2017 y que diga que en ese año España era una dictadura. La cuestión es de suyo más compleja que la conversión del Congreso en un sindiós lingüístico, pero los "juristas" del PSOE, Sumar y los partidos separatistas encabezados por ese titán del Derecho para delincuentes que es Jaume Asens dicen que la amnistía es constitucional y se puede apañar en un par o tres de semanas. Ojo con Asens, defensor entre otros de Rodrigo Lanza, el asesino de los tirantes, y amiguete de Gonzalo Boye, condenado por colaborar con ETA y letrado de Puigdemont. Lo último es que ha propuesto a Zapatero para mediar con el pintoresco personaje de Waterloo.
Por lo visto, la ley Puigdemont no es del mismo tipo de leyes que la relativa, por ejemplo, a los enfermos de esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Fue una proposición de Ciudadanos que data del 3 de diciembre de 2021 pero que todavía no ha podido ser aprobada porque se ha ampliado el plazo de presentación de enmiendas más de cincuenta veces. El trámite y las dilaciones son tan delirantes como las excusas del PSOE y Podemos y la cómplice pachorra del resto de los grupos. En cambio, la ley de la eutanasia se aprobó sin problemas con el argumento del derecho a morir dignamente. Una pena que muchos enfermos de ELA también quieran vivir dignamente.
En España unas cinco mil personas sufren esa enfermedad, cuyas circunstancias son aterradoramente penosas y cuyo mínimo tratamiento y cuidado supera ampliamente las posibilidades financieras de la mayor parte de los afectados y sus familias. Pero si fuera por dinero, la gratuidad de los trenes para la chavalería o los cheques de Iceta para comprar videojuegos tampoco se podrían haber aprobado, ¿no? Por no hablar de la cantidad de leyes que no existen y del incumplimiento de todas las relativas a la sanidad, la educación, la defensa de la propiedad etcétera, etcétera.
Pues esa ley para los enfermos de ELA está varada en el Congreso desde hace mucho más de un año y sus señorías no aprecian razón de urgencia alguna para darle salida. En cambio con el catalán, el gallego y el vasco y con los golpistas, sí.