El golpe a la democracia perpetrado por Sánchez para mantenerse en el poder tiene una derivada especialmente nociva en el ámbito de la economía. Con los pactos con sus socios radicales, Sánchez ha convertido España en un país poco fiable, fuertemente polarizado y sometido a los vaivenes de una amalgama de partidos extremistas que degradan las instituciones y socavan la seguridad jurídica, tan necesaria para atraer inversiones y fomentar un sano desarrollo económico.
Son ya numerosas las voces entre los grandes mediadores del mundo de la empresa internacional que advierten de que España no es el lugar indicado para plantear proyectos de inversión a medio y largo plazo. También las agencias crediticias consideran que la investidura de Sánchez y el clima de rechazo que ha suscitado en las principales instituciones y la propia sociedad en su conjunto van a suponer un varapalo en la calificación del riesgo de país y, en consecuencia, provocará un encarecimiento de la financiación exterior del Estado. Moody’s, una de las principales agencias de medición de riesgo, ya ha advertido de las consecuencias nefastas del pacto de investidura indicando que "la aplicación de estos acuerdos será negativa para el rating español debido al aumento del riesgo político".
Grandes multinacionales como Repsol están estudiando también reducir su exposición a la economía española y trasladar sus futuros grandes proyectos a otros países donde esté garantizada la estabilidad política. Por su parte, Joan Roig, presidente de Mercadona, ha lamentado la situación creada tras los pactos de Sánchez con las fuerzas radicales e independentistas, especulando también con una posible ralentización de las inversiones del gigante de la distribución.
Todo ello es la consecuencia natural del pacto suscrito por Sánchez con comunistas y otras fuerzas extremistas de la política española, que va a tener como consecuencia todo tipo de sacudidas en nuestro marco regulatorio y un fuerte empeoramiento de la fiscalidad de familias y empresas mientras se deteriora el Estado de Derecho para dar satisfacción a los secesionistas catalanes, dispuestos a conseguir sus fines últimos antes de que acabe esta legislatura.
Lo peor es que Sánchez no puede imponer un criterio racional para mantener la economía española en la senda de la estabilidad. Muy por el contrario, sus alianzas con lo peor de la política española y la precariedad de su propia posición al frente del Ejecutivo lo obligarán a radicalizarse cada día más porque, de lo contrario, correrá el riesgo de que los antisistema que lo han encumbrado en la presidencia lo dejen caer estrepitosamente en cualquier momento de esta legislatura, que solo acaba de empezar.