El modelo educativo catalán no sólo ha quedado retratado por los pésimos resultados del Informe PISA, que sitúan a los adolescentes de la región en último término de España en matemáticas y comprensión lectora. La visita de una comité del Parlamento Europeo para analizar sobre el terreno el sistema de la inmersión lingüística ha puesto otra vez de relieve el sesgo adoctrinador y el carácter monolingüe de la enseñanza obligatoria en Cataluña, donde la Generalidad se niega por sistema a aplicar las sentencias en las que se fija un mínimo porcentaje de enseñanza en español.
El retrato del citado informe y los obstáculos puestos por la consejería de Educación a la misión europea muestran a las claras que el modelo catalán es un desastre y dista mucho de ser lo que dicen los impulsores de la marginación del español. Los partidos separatistas y la Generalidad han sostenido en los últimos años y sin sonrojo alguno que la escuela catalana estaba entre las mejores del mundo. Nada más lejos de la realidad. Las falsedades sobre las excelencias del modelo separatista han quedado en evidencia. El nivel de los estudiantes en Cataluña no tiene nada que ver con lo que pregonan los defensores de la erradicación del español en favor de una única lengua, el catalán. La inmersión es un desastre en términos educativos que se ha perpetuado por la obsesión antiespañola de los responsables de la enseñanza en Cataluña.
Con los datos de PISA en la mano, la Generalidad trató de culpar primero a los alumnos de origen inmigrante. Después aludió a los efectos de la pandemia y finalmente ha acabado por atribuir al Estado, el comodín de siempre, la deplorable situación de la enseñanza pública en la región. Demasiadas leyes en pocos años, alega el departamento catalán de Educación para esconder todas sus carencias y desatinos. Y llegados a esa conclusión, el paso siguiente era más que previsible. La Generalidad exige al Gobierno el vaciado de competencias educativas y administrativas del Estado en Cataluña para que sea la administración catalana la que se ocupe en toda su extensión de la enseñanza en la región. Es decir, pretende eliminar la inspección del Estado y tener el control absoluto del acceso a la docencia, los concursos, traslados, titulaciones y demás competencias. En la práctica se trata crear un sistema educativo propio y lo más diferenciado posible del conjunto de España.
Dada la generosidad de Sánchez con sus socios, la consejería de Educación catalana ya negocia de tú a tú con el Ministerio que encabeza Pilar Alegría la cesión de las últimas competencias así como importantes partidas de dinero para sufragar los delirios adoctrinadores y el desastroso modelo que cercena las posibilidades de los estudiantes de Cataluña y les condena al abandono escolar y a la precariedad laboral. Pero eso sí, los autores de semejante catástrofe siguen con su discurso sobre una escuela "verde, feminista, social y en catalán", uno de esos mantras separatistas que esconden la cruda realidad de un modelo fallido y alérgico a la más leve noción de igualdad de oportunidades, integración, esfuerzo y mérito.