A pesar de las duras y acertadas criticas que el entonces candidato a la alcaldía de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, lanzara en su día contra el llamado "Madrid Central", lo cierto es que una vez llegado al poder no hizo más que mantener con otro nombre las disparatadas y empobrecedoras medidas de restricción del tráfico aprobadas por el anterior consistorio social-comunista encabezado por Manuela Carmena.
Desde entonces —es justo reconocerlo— la única formación que ha mantenido su oposición a esta utopía arcaica o nueva forma de primitivismo con la que algunos pretenden combatir la contaminación urbana ha sido Vox. Y es precisamente a instancias de un recurso presentado por esta formación, por el que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) acaba de anular las partes de la Ordenanza de Movilidad Sostenible de Almeida que definen el ámbito de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en todo el municipio de Madrid. Es decir, que caen las dos Zonas de Bajas Emisiones de Especial Protección (ZBEDPE) de 'Distrito Centro', la conocida como Madrid Central, y la de 'Plaza Elíptica', uno de las principales vías de entrada a la capital.
La resolución estima, así, parte de los argumentos del Grupo Municipal encabezado por Ortega-Smith sobre la "notoria insuficiencia de los informes previos a la aprobación de la Ordenanza", concretamente el informe de impacto económico previo a la aprobación de la liberticida y, ciertamente, empobrecedora Ordenanza.
En ese sentido, el Tribunal considera de "singular importancia que se hubiera tenido en cuenta la situación de los colectivos empresariales de menor capacidad económica para la renovación del vehículo, como son los autónomos, microempresas y pymes".
Ignoramos si Almeida optará por acabar definitivamente con este disparate o, por el contrario, presentará recurso contra el fallo judicial, cosa para lo que tiene 30 días. A la vista, sin embargo, de cómo Almeida ha hecho suyo ese disparatado "buenismo" medioambientalista de la izquierda que en otro tiempo criticara; y a la vista también de los más de 330 millones de euros que su Ayuntamiento ha obtenido con las multas que ha interpuesto desde que esta funesta Ordenanza entrara en vigor, lo más probable es que el alcalde siga protagonizando el mayor incumplimiento electoral de la historia del municipalismo español en aras de una ecología tan mal entendida como írrita a la economía y al progreso y bienestar de la ciudadanía.