Hay algo peor que ocultar la gravísima negligencia de los diputados del PP y de Vox al apoyar en su día un Proyecto de Ley Orgánica en el que el gobierno y los bilduetarras habían introducido, arteramente y a través de una enmienda de Sumar, la reducción de condena a casi medio centenar de etarras, entre ellos los sanguinarios Txapote o Kantauri: Y es el hecho de utilizar esta falta de responsabilidad in vigilando —por la que la oposición constitucionalista ya ha pedido perdón—, para desviar la atención de la nauseabunda, deliberada y persistente voluntad del gobierno de Sánchez de atender esta vieja demanda de ETA y de su brazo político por la que pretendían y pretenden que los años de prisión cumplidos por los terroristas en Francia computen por los años de condena por los delitos juzgados en España.
A eso se ha dedicado el presidente Sánchez este miércoles en la sesión de control al Gobierno en el Congreso en una intervención en la que, por un lado, ha ridiculizado la incompetencia de la oposición al no percatarse de la artimaña proetarra del Ejecutivo, y en la que, por otro lado, ha acusado a PP y Vox de haber sido siempre plenamente conscientes de las consecuencias legales que tendría la sobrevenida supresión de la Disposición Adicional Única de la ley Orgánica 7/2014 que hasta ahora impedía computar los años de condena dictados en un Tribunal de un Estado miembro de la UE como parte de los años de condena dictados por un tribunal español.
Lo peor es que, no contento con ello, el presidente del Gobierno, al igual que hicieran antes su portavoz Patxi López y no pocas de sus terminales mediáticas, se ha dedicado a mentir descaradamente al afirmar que esta reforma no tiene por objetivo reducir los años de condena de los terroristas sino impedir que se castigue dos veces el mismo delito. Vamos, como si en España nuestra Constitución o nuestro derecho penal o administrativo no respetara desde siempre ese principio general del derecho del non bis in idem; como si los años de condena de esos terroristas en Francia no fueran por la comisión de delitos que, aun pudiendo estar relacionados, son distintos por los que han sido condenados en España; como si la disposición adicional única de la ley Orgánica 7/2014, introducida por el gobierno de Rajoy y que impedía computar los años de condena impuestos por un tribunal francés como años de condena dictados por un tribunal español, no tuviera en su día el aval del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.
Lo cierto es que el gobierno miente en este asunto, como miente al decir que el Consejo de Estado avaló este Proyecto de Ley, cuando lo cierto es que lo avaló antes de que se introdujera la enmienda en favor de los etarras; como mintió a la Asociación de Víctimas del Terrorismo al decir que en ningún caso esta reforma implicaría una reducción de condena de los etarras. Lo cierto es que el gobierno aún tiene tiempo para retirar este nauseabundo proyecto de ley so pena de que pase a la Historia con el bien merecido sobrenombre de la "Ley Sánchez/Txapote".
