Horas después de saberse que la titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, ha autorizado a los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) a recuperar los emails borrados a la directora del Conservatorio Profesional, Yolanda Ramos, relacionados con la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz, ha saltado la noticia de que el hermano del presidente, imputado por esta cuestión desde hace meses, ha presentado su dimisión del puesto de dirección al frente de la Oficina de Artes Escénicas en el que fue "enchufado".
Es muy probable que el hermano del presidente haya tomado esta tardía decisión de dimitir a raíz de los cada vez más abrumadores indicios que apuntan a que su cargo le fue adjudicado por nepotismo. Sin embargo, quien habría de asumir las responsabilidades políticas por este asunto no es otro que su hermano, el presidente del gobierno. Desde hace meses, la Justicia acorrala por corrupción a 30 familiares y cargos de Pedro Sánchez, y las últimas declaraciones del comisionista Aldama, tal y como ha señalado el presidente socialista de Cartilla-La Mancha, Emiliano Garcia-Page, constituyen un autentica "bomba de racimo" porque "conecta todos los sumarios".
El intercambio de mensajes de Aldama y Abalos tras dejar este el ministerio; la noticia de que el comisionista guarda conversaciones con Begoña Gómez en su móvil sobre el rescate de Air Europa, Wakalua y la OMT; la noticia de que la Fiscalía Anticorrupción que investiga la trama Koldo y la trama Hidrocarburos ha constatado la existencia de material incriminatorio contra el actual numero 2 de Sánchez, Santos Cerdán, tras el trabajo efectuado por los agentes de la UCO en el teléfono móvil incautado a Aldama. Son sólo unos pocos y recientes ejemplos de hasta qué punto tiene razón Garcia-Page cuando afirma que Aldama conecta todos los sumarios.
Es evidente que la dimisión de su hermano no debería suponer para el presidente del gobierno ningún cortafuegos y no es menos cierto que cualquier presidente de gobierno de cualquier país mínimamente democrático que tuviera imputados o investigados a su ex y a su actual mano derecha —Ábalos y Santos Cerdán—, a su mujer y a su hermano y a su fiscal General del Estado, por no hablar de muchos otros altos cargos del PSOE, hace tiempo que habría dimitido.
Sánchez no lo hará porque no tiene más manual deontológico que su manual de resistencia a la hora de apuntalarse, "como sea", en la poltrona. Y no le faltarán apoyos de las formaciones antisistema, como los golpistas de Puigdemont, a pesar de sus últimas bravuconadas.