Una de las más grandes virtudes que tiene el régimen que nos gobierna es ser capaz de sorprendernos continuamente. No importa lo grande que sea la mentira que se ha dicho, lo sangrante de la incoherencia acontecida o el tamaño del abuso institucional perpetrado, siempre encontrarán la manera de sorprendernos con algo mucho mayor.
Cuando pensábamos que no podía haber mayor desvergüenza en que Pedro Sánchez dijera que no dormiría tranquilo con Pablo Iglesias en la Moncloa—tardó exactamente un día en pactar con él después de las elecciones—, llegaron los indultos.
Cuando creíamos que no podía haber mayor indignidad que convertir a Bildu en socio preferente del Gobierno, llegaron las modificaciones del Código Penal para beneficiar a sus socios sediciosos.
Cuando teníamos la convicción de que no podía haber mayor ataque a la separación de poderes que llenar el Tribunal Constitucional de lacayos que lo han convertido en un tribunal de casación, llegó la amnistía.
Y ahora, el sanchismo parece que se dispone a practicar uno de sus deportes favoritos: poner a prueba las costuras institucionales de España.
Como todos ustedes sabrán, el hasta hace unos días presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, está siendo investigado por supuestamente facilitar que se creara un puesto ad hoc en dicha institución para David Sánchez, conocido popularmente como "el hermanísimo".
Gallardo afirmó el 3 de febrero que "entraría en la Asamblea cuando pase el caso de David Sánchez, que nadie piense que busco el aforamiento". Sin embargo, ha debido ser víctima del síndrome del cambio de opinión que se ceba especialmente con los socialistas, pues ha hecho dimitir nada más y nada menos que a cinco compañeros que iban por encima de él en la lista para obtener el acta de diputado y conseguir así el aforamiento.
Hasta ahora, lo lógico era que cuando se abriera un juicio contra algún diputado, el partido lo forzara a dimitir de su cargo o, al menos, lo expulsara como militante. Aquí se ha hecho justo al revés: después de tener juicio oral abierto, se afora a alguien para intentar protegerle. No hay duda de que estamos en el mejor momento de regeneración democrática de nuestra historia reciente.
El problema es que esta práctica es tan irregular que se ha montado un verdadero quilombo jurídico por varios asuntos sensibles.
Por un lado, al hacer correr la lista para que Gallardo adquiriera la condición de aforado, juristas como Lupe Sánchez han afirmado que, en función del artículo 6.4. del Código Civil, podría tratarse de fraude de ley al intentar burlar el principio de tener un juez predeterminado por la ley que establece el artículo 24.2 de la Constitución. Es decir, se estaría persiguiendo un resultado prohibido por nuestro ordenamiento jurídico valiéndose de instrumentos legales legítimos.
Por otro lado, no queda claro cuándo adquiriría su condición de aforado, lo cual es importante según los tiempos procesales del caso. El artículo 15.1. del Reglamento de la Asamblea de Extremadura dice que no se adquirirá la condición plena de diputado hasta que no se realicen las obligaciones inherentes al cargo: declaración a efectos de incompatibilidades, declaración de bienes, juramento de acato de la Constitución… Sin embargo, el artículo 15.2 dice que los derechos y las prerrogativas son efectivos desde el mismo momento que el diputado es proclamado electo, por lo que podría ser una cosa y la contraria.
Y, por último, no queda claro qué juzgado asumiría la causa. En función a lo ocurrido en el pasado, cuando hay uno o más aforados dentro de un determinado proceso judicial, para ser más efectivo lo habitual es que el tribunal superior de justicia acabe asumiendo todo el procedimiento, pero tampoco es así siempre.
Sin embargo, es justo por este motivo por lo que creo que esta operación viene directamente desde Moncloa: al asumir el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) el caso, el juicio de David Sánchez se retrasaría varios meses, con lo que ocurriría después de las elecciones de 2027.
Es absolutamente impresionante: Pedro Sánchez, el cual prometía acabar con los aforamientos por ser un privilegio de los políticos, ha usado precisamente un aforamiento haciendo dimitir a cinco miembros de su partido para que el juicio de su hermano no perjudique su campaña electoral, demostrando que en el sótano de la indignidad moral del presidente siempre se puede descender un piso más.
Una vez más, nuestro presidente mete a las instituciones en terreno desconocido llevando al límite a la arquitectura de nuestro Estado de derecho con tal de permanecer en Moncloa a toda costa.
Para más inri, intentaron recolocar a la diputada que había dimitido como Subdelegada del Gobierno en Badajoz y su plan se fue al traste al negarse el Delegado del Gobierno a renunciar a su número dos por un intercambio de favores, demostrando que en España la realidad supera a la ficción.
Pero lo que más me fascina de todo esto es que lo que parecía una maniobra para salvar a su hermano, al final no es más que una maniobra para salvarse a sí mismo, pues David Sánchez no tiene garantía alguna de que el TSJEx lo vaya a tratar con menor dureza.
El título de esta columna dice "salvar al soldado Sánchez" y el lector habrá interpretado que me refería al hermano porque somos personas normales con afectos normales. Sin embargo, para el presidente la única cosa que merece la pena es ostentar el poder un minuto más.