El título de hoy fija su atención en los aparentemente decepcionados, algunos incluso tristes, pero me decepcionaría personalmente – aunque estoy preparado – que los convencidos por tales escenas fueran un número apreciable, sobre todo, porque no hemos contemplado, ni tenemos noticia, de inmolación alguna por el error y por el visceral engaño a todos los españoles.
Todos, los abrasados – aquellos que ponían su mano en el fuego como testimonio de verdad –, y los que nunca la pusieron, pero que estaban en su entorno, en buena parte – aquí sí que mayoritariamente – comenzando por el señor presidente del Gobierno y siguiendo por el resto de los miembros del Ejecutivo, tenían una función: la de administrar correctamente los recursos económicos disponibles en nuestra España.
No he dicho nada que no supieran todos los españoles. Como también debían saber todos los españoles – y no sólo los graduados en Economía, entre los que se cuenta el propio presidente Sánchez – que los recursos de una economía privada, como los de una Nación – en esto no existe diferencia alguna – son escasos; como dirían los viejos del lugar, son los que son y ni uno más.
De esa realidad nace la responsabilidad de todos, pero sobre todo de quienes gestionan las unidades económicas, familias, empresas, administraciones públicas en sus diferentes niveles – municipal, provincial, autonómico y estatal – para utilizar aquellos recursos disponibles obteniendo el mayor rendimiento, en beneficio de todos los españoles, presentes y futuros.
Ser simpático y benevolente, despilfarrando los recursos escasos para congraciarse desde el poder, con dádivas que alegran a quienes las reciben, no es la misión de un administrador responsable; por lo que hemos dicho, porque al ser escasos los recursos, las dádivas generosas, impedirán o reducirán la atención debida a necesidades públicas, a las que sí tienen derecho los anónimos.
Un buen ejemplo de lo que es una administración caótica – en este caso concreto pública –, es el tan cacareado problema de las pensiones públicas en España. Si bien, aunque siendo muy cacareado, poco o nada se ha hecho para resolverlo.
La deuda de la Seguridad Social que, cuando Sánchez asumió la Presidencia del Gobierno alcanzaba los 34.000 millones, se ha convertido a fin del marzo pasado, en 127.173 millones, lo que supone multiplicar por 3,74 aquella deuda inicial, por mor de los gobiernos de Sánchez, desde 2018. ¿Merece esto el apelativo de hucha de las pensiones?
Pocos hablan de esto, por ello, es momento de preguntarse ¿sería la misma indiferencia pública, si las pensiones dependieran de una compañía de seguros privada?
¡Simplemente, imposible! Sin embargo, el aseguramiento de las pensiones es igualmente exigible para las aseguradoras privadas que para las públicas.
A quienes tengan derecho a pensión por sus años de actividad y cotizaciones efectuadas, hay que asegurarles que no les faltarán; a los que no, que lo hubieran pensado antes. Siempre quedará el recurso a la caridad de las buenas gentes, que también las hay.
Y los administradores públicos, que pudieron hacer y no hicieron para solucionar el estado deficitario del sistema, que asuman su responsabilidad en esta vida, con algo de dignidad.