El idioma español es oficial en Cataluña, pero sólo sobre el papel y además es papel mojado. La política lingüística de la Generalidad tiene como principal objetivo la imposición del catalán en detrimento del español. Es más, margina el español, que es la lengua materna de más de la mitad de la población, en la enseñanza, en la administración, en los servicios públicos, en el empleo, el comercio y en todos aquellos ámbitos públicos e incluso privados susceptibles de ser manoseados y manipulados por una Generalidad intervencionista y liberticida.
La Generalidad incumple por sistema las sentencias sobre el el 25% de español en la enseñanza obligatoria y niega también por sistema que los niños cuya lengua materna es el español reciban educación en ese idioma, aunque sea en un ínfimo porcentaje. Al tiempo, diputaciones y ayuntamientos en manos de socialistas y separatistas aplican a machamartillo las normas lingüísticas del nacionalismo y discriminan a la población hispanohablante.
Se sanciona a comerciantes por no rotular en catalán. Los independentistas organizan señalamientos contra bares, restaurantes y tiendas de todo tipo en las que según ellos no se atiende en catalán. No hay más que recordar el caso de la heladería argentina que sufrió un boicot porque una de sus empleadas, una inmigrante recién llegada, no sabía que "maduixa" es fresa en catalán. Se exige el catalán para cualquier empleo relacionado con la administración aunque no se tenga que tratar con el público. Y todo ello se justifica con la excusa de que el catalán está en peligro después de casi medio siglo de políticas de "normalización" e "inmersión".
A todo ello se debe añadir que a causa de la dependencia del independentismo, el Gobierno pretende que Europa otorgue al catalán la consideración de oficial y que las empresas españolas o radicadas en España con independencia de su localización atiendan a los clientes en catalán si así lo solicitan. Es decir, que una empresa de Huelva o de Zaragoza estará obligada a atender a quien se lo pida en catalán mientras que en Cataluña los niños no pueden estudiar en español porque según los nacionalistas no hay más lengua propia que el catalán y el español debe ser tratado como una lengua extranjera.
En ese contexto es en el que el PP de Badalona presentó una moción a favor del "Pacte Nacional per la Llengua" que debería haber disparado las alarmas de su alcalde, Xavier García Albiol, nada más leer el término "nacional". Consciente del grave error cometido, el dirigente popular asegura que su Ayuntamiento no se ha adherido a semejante plan para la eliminación del español (él dice "castellano", como prefieren los separatistas) sino que le parecen bien algunos de sus puntos, entre ellos las siniestras majaderías relacionadas con la cohesión social que supuestamente favorece la imposición del catalán y el ejercicio de un estricto monolingüismo. O que se considere que el catalán es la única lengua propia y la única que merece respeto y consideración porque según las encuestas de parte corre peligro de desaparición.
García Albiol gobierna por amplia mayoría en Badalona. Destaca por su combate contra los okupas, contra la inseguridad, el incivismo y la suciedad. Es votado a izquierda y a derecha e incluso por separatistas que aprecian sus formas, su contacto con la calle y su propensión a solucionar los problemas por las vías más directas. Sin embargo y en materia lingüística ha cometido un grave error. Él sabrá quién le ha inducido a perpetrar semejante metedura de pata.
No vale con las justificaciones de que la moción ha sido malinterpretada, que le faltaban un par de palabras para que se entendiera mejor. La única manera de arreglar semejante barbaridad es presentar y aprobar otra moción en la que se pida que la Generalidad respete el español, que no se multe por rotular en español, que los niños puedan aprender también en español y que no se discrimine a nadie por usar la lengua común de los españoles, que no se le niegue un empleo, una ayuda o un contrato. Sólo eso, un pronunciamiento claro y contundente, puede enmendar el considerable error.
La hoja de servicios de García Albiol no debería quedar empañada por tan chusco episodio de miopía social, política y lingüística. No puede ser que el principal ayuntamiento catalán en el que gobierna el PP asuma los postulados separatistas y traicione de manera tan grosera a gran parte de su electorado y a las entidades que en medio de dificultades y desprecios de todo tipo defienden a las familias que quieren enseñanza en español para sus hijos y pregonan la igualdad de derechos entre hispanohablantes y catalanohablantes.