El Derecho es sentido común normalizado. Al enfrentarnos a cualquier encomienda, lo primero que tenemos que considerar los que aplicamos el Derecho debe de ser el sentido común.
Aquí los hechos son conocidos. Una grave enfermedad contagiosa, que se propagaba incontrolada por todo el mundo, incluida España; reiterados informes de Seguridad Nacional sobre la gravedad y la fácil transmisión de la enfermedad, y reiteradas advertencias del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades, la última el 2 de marzo, un informe a todos los Estados miembros de la Unión Europea (UE) titulado Evaluación rápida del riesgo: brote de la nueva enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19): mayor transmisión a nivel mundial. Quinta actualización. El informe pedía a todos los Gobiernos de la UE que dictaran “medidas de distanciamiento social individual”, consideraran “la cancelación de las concentraciones masivas en casos excepcionales” y recomendaran a sus ciudadanos “evitar acudir a actos multitudinarios”, como medida preventiva. Y a pesar de ello el Gobierno rechazó adoptar medidas y esperó a que se celebrasen las manifestaciones del 8-M y, de la mano, todos los demás eventos multitudinarios de ese fin de semana. Es evidente que las multitudinarias manifestaciones provocaron contagios y muertes. Hasta la juez Rodríguez Medel lo reconoció: “Es cierto y seguro que de haberse evitado dichas manifestaciones se habría evitado una amplia difusión de la enfermedad”.
¿Qué dice el sentido común? Pues que hay que investigar. ¿Qué haría cualquier fiscal honesto, obligado por el art. 1 de su Estatuto Orgánico? Pues abrir la correspondiente investigación, sin esperar siquiera a las denuncias particulares. Nada distinto de lo que están haciendo en Francia, Italia e Inglaterra.
He tenido la paciencia de leer el informe del fiscal Navajas, ejemplo descorazonador de la miseria humana. Lo asombroso es que reconoce que concurren todos los requisitos para investigar. Reconoce la posición de “garante” con cita de los artículos 14 y 52 de la Ley General de Salud Pública; reconoce que es factible la comisión por omisión también en el delito de homicidio imprudente, con cita de la STS 4821/2017, e incluso que en los delitos de omisión sólo se debe requerir una causalidad hipotética, “es decir, la comprobación de si la realización de la acción omitida [la prohibición de las manifestaciones] hubiera evitado la producción del resultado con una probabilidad rayana en la seguridad” (la amplia difusión de la enfermedad, que Rodríguez Medel reconocía era algo “cierto y seguro”). Lo mismo que dijo la sentencia de la colza.
Pero de forma incomprensible, y mediante una torera larga cambiada, afirma:
Los querellantes se han limitado a atribuir al Gobierno de España un número indeterminado de delitos (…) sin identificar [a los fallecidos], las condiciones en que se produjo el contagio, y las razones por las que cada uno de aquellos contagios trae causa de la acción u omisión culpable.
Recordando a las ridículas explicaciones del señor Simón sobre el “efecto muy marginal [del 8-M]” porque los contagios también podrían haber sido en el metro de Madrid, yendo o volviendo de la manifestación, Navajas proclama:
Igualmente tampoco se ha justificado siquiera indiciariamente en qué contribuyó la actuación de los querellados a crear o aumentar un riesgo que, además de no resultar preexistente, parece evidente que jamás se halló, ni pudo hallarse controlado, extremo que impide equiparar la inacción que se les atribuye a la causación activa de los resultados que se les imputan.
No hay más ciego que el que no quiere ver.
Hace unos meses publiqué en este periódico dos artículos espero que premonitorios. En el titulado “¿A qué espera Marchena?” concluía:
La búsqueda de la justicia debe de llevar a todo juez competente que se precie de serlo a investigar si las manifestaciones del 8-M provocaron muertos por coronavirus (que parece que sí) y si, con la información de que se disponía entonces, el Gobierno cometió una imprudencia grave o leve al no prohibirlas (que parece que también).
La búsqueda de la justicia es el único homenaje verdadero y honesto que podemos hacer a los muertos. No sé a qué espera el juez Marchena para abrir la investigación penal.
En el otro, “Proceso penal y cambio de Gobierno”, decía:
Tengo una ensoñación, quizá fruto del confinamiento, pero no me resisto a exponerla. El Tribunal Supremo admite a trámite la querella contra Sánchez y sus ministros en un procedimiento por una imprudencia que ha provocado cientos de muertos, al permitir las manifestaciones del 8-M en contra de las recomendaciones e informes previamente recibidos de Europa y del propio Ministerio de Sanidad. Todos los investigados dimiten. El PSOE forma Gobierno con sus más sensatos (que los tiene, aunque muy callados) y pacta con el PP un Gobierno de concentración que afronte con sensatez el sacarnos de la inevitable crisis económica y financiera a la que estamos abocados. Nos libramos de Sánchez, Iglesias, Montero, Montero, Calvo, Ábalos, Marlaska y el resto de incompetentes... Estoy soñando…. Pero así debería ser.
Esa ensoñación, visto cuanto ahora acontece (con un Gobierno que prevarica groseramente, sea con la declaración y mantenimiento del estado de alarma en Madrid, modificando los criterios de forma arbitraria, sea con la proposición de ley para modificar el nombramiento de los miembros del CGPJ, a sabiendas de que es inconstitucional, por contraria a la doctrina contenida en la STC 108/1986), la imputación del Gobierno no es que sea per se jurídicamente procedente, sino que deviene una necesidad democrática para frenar lo que perfectamente puede calificarse de golpe de Estado.
Espero que los letrados del Congreso hagan las oportunas advertencias sobre la inconstitucionalidad de la proposición de ley (como hacen sus valientes colegas de Parlamento catalán) y espero que Marchena, que antes de magistrado fue fiscal, y el resto de los magistrados de la Sala de admisión, corrijan el criterio gubernativo del vergonzante Navajas y promuevan la acción de la Justicia en defensa de la legalidad.