Una empresa estatal pagada con el sudor de nuestros impuestos no deja de maltratarnos un día sí y otro también. Correos y Telégrafos, empresa pública española, funciona muy mal. Perdone, querido lector, la obviedad. Apenas existen españoles que no hayan tenido una mala experiencia con los servicios de esta compañía postal. Yo llevo esperando, por poner un ejemplo, más de un mes un paquete de diez libros mandado desde un barrio periférico de Madrid a uno del distrito Centro. Tampoco los más de 50.000 trabajadores de la plantilla de esta empresa tienen motivos para hablar bien de la dirección: más del 30% son eventuales y otros muchos también son autónomos. Los índices de riesgos laborales ponen los vellos de punta. Entre los informes más optimistas figura un dato escalofriante, desde el punto de vista económico: solo un 7% de las oficinas es rentable.
Si los sindicatos CCOO y UGT, mayoritarios en la empresa, tuvieran un poco de decencia, se irían a su casa, pero prefieren hacer cambalaches con la dirección para nombrar altos cargos, gente que no figura en primera línea pero que tienen sueldos medios de 50.000 euros; por cierto, el número de esos mandos intermedios produce vergüenza ajena: 17.000, casi todos reclutados entre los miembros de los grandes partidos, especialmente el PSOE, antiguos cargos de universidades, etcétera. O sea, lo de siempre, dinero por fidelidad perruna. Correos y Telégrafos tiene un déficit crónico anual de más de 220 millones de euros, a pesar de que todos los años el Gobierno le inyecta más de 100 millones, la empresa está imputada y siendo investigada por los tribunales ordinarios de justicia y también por instituciones de control de la Unión Europea… Y así podría seguir aportando datos y más datos de esta empresa pública, cuyo último responsable es el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, que harían enmudecer a cualquier forofo del Gobierno Sánchez-Iglesias.
Hoy traigo a capítulo esta corporación empresarial porque podría ser decisiva en un futuro más o menos inmediato para decidir quién gobernará después de la actual coalición entre socialistas y comunistas. A partir de ahora, o mejor, desde el mismo día en que Sánchez nombró a su presidente –por cierto, entre los miles de cargos nombrados por Sánchez, fue el primer nombramiento que hizo nada más llegar al Palacio de la Moncloa–, hacerse cargo de las perversidades de esta empresa es una obligación ciudadana para preservar la democracia o, al menos, preservar la limpieza de las próximas votaciones. Correos fue, es y será una clave esencial para el futuro de España, porque no creo que exista nadie capaz de mantener que el voto por correo en nuestro país no es manipulable. Siempre lo ha sido y no habido Gobierno en España, excepto algún pardillo, que no haya utilizado ese servicio pro domo sua. Y precisamente por eso Sánchez nombró a su principal amigo y colaborador presidente de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, Juan Manuel Serrano Quintana, con un sueldo anual de 200.000 euros al año a cobrar en 14 pagas. ¡Lo importante, no se engañe nadie, no es el dinero que cobre este individuo, sino la capacidad que tenga para la manipulación del voto por correo!
Sí, el voto electoral por correo es manipulable en España tanto como en USA. Hay ciento de casos de pucherazos por correo en todos nuestros procesos electorales. ¡Cuántos notarios en España deberían salir a la palestra para hablar de la cosa! En fin, amigos, de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos podría depender, en unas próximas elecciones generales, si es que alguna vez llegan a realizarse, el triunfo de la actual coalición entre PSOE-Unidas Podemos y, por supuesto, el resto de partidos políticos nacionalistas y exterroristas. Miles o quizá millones de votos por correo serán gestionados, como en anteriores elecciones, por Correos y Telégrafos de España. Cabe conjeturar, o mejor, es necesario sospechar del tipo de custodia que hará Serrano, a las órdenes directas de Sánchez y Ábalos, de las sacas de miles y millones de votos de quienes votan por correo. Harían bien, pues, los partidos que no están devorados por el PSOE en preocuparse en serio sobre qué pasa con Correos y Telégrafos, incluido el plan de viabilidad en el que trabajan una consultora externa y dos antiguos ministros de Trabajo y Seguridad Social.