La justificación más radical de la institución del Derecho, otros dirán de la justicia, es que no existe razón alguna capaz de fundamentarla. Al margen de la fuerza, incluso de la violencia, no hay derecho racional posible. ¿Tiene, pues, razones el derecho en España? Algunas posee, especialmente desde el punto de vista argumentativo e instrumental, pero la principal, su posible independencia, está controlada por los poderosos. De ahí que los filósofos más realistas reconozcan que el Derecho solo le asiste, especialmente en nuestras tierras, al que tiene el poder. En España, desde que fue aprobada, en 1985, la Ley General del Poder Judicial, las grandes instituciones del llamado Poder Judicial, empezando por su órgano de gobierno, el Consejo General del Poder Judicial, dependen, digámoslo sin matices, del Poder Ejecutivo. O sea, aquí y ahora, manda el Gobierno de Sánchez-Iglesias sobre la Justicia.
Sin embargo, la torpeza, la estulticia y la mala fe de la coalición gubernamental de socialistas y comunistas a la hora de llevar a cabo la renovación del Consejo General del Poder Judicial han conseguido crear tanto malestar en esta institución que ha estimulado la protesta de los hombres vestidos con ropones negros. Ha aparecido algo parecido a un conato de rebelión de los jueces contra el Gobierno de España. Los hombres del CGPJ tratan, pues, no solo de aparentar autonomía e independencia respecto del Gobierno, sino que también parecen buscarla, sin duda alguna, a través del manejo técnico o instrumental de sus funciones. Algo es algo.
Aunque nadie debería hacerse demasiadas ilusiones, creo que las últimas acciones del CGPJ, especialmente las referidas a su función legal y legítima de nombramientos, abren un camino para frenar el proceso totalitario del Ejecutivo para poner a su disposición el entero Poder Judicial. Bastaría esgrimir que en la Administración no hay vacantes, o mejor, alguien siempre tiene que ocupar el puesto para que funcione el órgano administrativo, un principio elemental del Derecho administrativo, al alcance de cualquier lego en la materia como es el caso de quien les escribe, para echar por tierra la faramalla del Gobierno sobre la posible ilegalidad de actuación de ese órgano para nombrar cargos antes de que se renueve el propio CGPJ.
Todos los nombramientos realizados por el CGPJ, incluidas las previstas 25 designaciones (7 magistrados del Tribunal Supremo, 6 presidentes de Sala de los Tribunales Superiores de Justicia de Baleares, Canarias, Extremadura y País Vasco –3–, las presidencias de 12 Audiencias Provinciales –Almería, Baleares, Burgos, Cantabria, Ciudad Real, Gerona, Granada, La Rioja, León, Lugo, Navarra, Salamanca–), son legales y legítimos, pero si el Gobierno, utilizando sus argucias poderosas, lograse paralizar tales nombramientos estaría deslegitimándose aún más de lo que está. La proposición de ley presentada por el PSOE y Podemos para paralizar los nombramientos de la cúpula judicial es, se mire por donde se mire, una treta más del Gobierno para limitar aún más de lo que están las funciones del CGPJ. Es toda una chapuza jurídica intentar imponer límites a las funciones del CGPJ, cuando haya caducado su mandato, como en la actualidad, para que no se puedan realizar designaciones.
Pero, sobre todo, y esto es aún más importante desde el punto de vista político, es una señal de debilidad del Gobierno. Es normal, pues, que los jueces hayan reaccionado planteando una solicitud al Congreso de los Diputados que recabe un informe del Consejo de Europa y al propio CGPJ sobre la proposición de ley presentada por el PSOE y Podemos para paralizar los nombramientos de la cúpula judicial. A los seis vocales del CGPJ que han planteado la cuestión, aparte de las razones jurídicas y políticas que les asisten, tendremos que reconocerles su cuajo moral para enfrentarse a un Gobierno que hace mangas y capirotes de su propia ley… En fin, parece que por aquí se le abre una vía de agua al acorazado de Sánchez-Iglesias. Ojalá el Derecho del más fuerte sea vencido por el argumento del más débil.