El diálogo entre los políticos se ha convertido en el ábrete sésamo para resolver todo tipo de conflictos. Por lo visto, entienden que es poco protagonismo los titulares y cortes que acaparan los medios de comunicación con sus declaraciones. ¿Quién va a oponerse a tales ejercicios de vanidad?
Sin embargo, no está todo dicho con la disposición de empezar a dialogar en torno a una mesa. Cuando algunos políticos se refieren encomiásticamente al "diálogo", están pensando que, salga lo que salga de la reunión, ellos van a mandar todavía más.
El auténtico diálogo sería hoy en España que nos pusiéramos todos a reformar la Constitución de 1978, que bastante ha dado de sí la pobre. Comprendo que hay que delegar en una comisión de expertos esa tarea de redactar un nuevo texto. Pero somos muchos más los que podríamos echar nuestro cuarto a espadas. Un texto constitucional debe responder a un estado general de opinión, no solo a las ideas de unos cuantos, los que se asientan en las gradas del poder.
Vayan por delante algunas ideas para ponerse a pensar y luego dialogar. Primero, no debemos extasiarnos con las bondades de la Constitución actual. La autocomplacencia no es buena para acometer reformas. Mejor será anotar los posibles defectos, los preceptos que requieren alteraciones sustanciales.
Es claro que la Constitución debe reconocer los partidos políticos, incluso de forma más explícita de como lo hace el texto actual. Pero sería conveniente establecer la condición de que cada uno de los partidos debe intentar la representación de todos los españoles. Si solo se dirigen a una parte de la sociedad se convierten en otra cosa: grupos de presión en defensa de intereses locales o parciales. La condición fundamental de una democracia es que los diputados representen teóricamente al conjunto del pueblo, naturalmente con la libérrima orientación ideológica de cada partido.
Al parecer, la cuestión batallona va a ser la del marco territorial. Es un eufemismo para indicar más autogobierno para las comunidades autónomas. El abuso de ese sistema ha sido una de las causas del derroche de gasto público y de la corrupción que hemos padecido en los últimos decenios. A mi juicio la única (y relativa) autonomía debe ser la del Estado. El mantenimiento de las actuales autonomías, y no digamos su mayor autogobierno, nos lleva inevitablemente a las secesiones, al desmantelamiento de la nación española.
Lo anterior no supone volver al centralismo. Antes bien, se debería proceder a una auténtica descentralización del poder a través de la red de municipios. Para ello habría que proceder previamente a la reducción de los ocho mil y pico municipios actuales para quedarnos con unos 800. De esa forma podrían asumir muchas competencias que hoy se atribuyen a las llamadas comunidades autónomas. Sería la forma más cabal de aceptar el principio de que la Administración Pública debe situarse cerca de los administrados.
La fórmula (ahora se dice "algoritmo") anterior presupone que solo debe haber un Parlamento nacional, sin las réplicas regionales. Bastaría una sola cámara con menos de 200 diputados.
Lo fundamental es que para componer la nueva Constitución se tengan en cuenta muchas opiniones, no solo las de los voceros de los partidos actuales o de los grupos de presión. Sería conveniente que la comisión redactora del nuevo texto (que no debería llamarse "carta magna") se compusiera con un poco de holgura. No debería formarse solo con juristas, sino con profesionales de muy distintas disciplinas.