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El caballo de Troya del federalismo asimétrico

En un principio creí que era un debate lingüístico, pero todo hace pensar que es una operación política del PSC para vender su federalismo asimétrico.

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Un nuevo envite étnico-lingüístico ha surgido en estas últimas semanas de la mano de una profesora de inglés catalana como si se tratara de un debate académico sin trasfondo político. Todo muy aseado, de buen rollito y buenista. La propuesta es una ley de lenguas para España cuyo objetivo es hacer oficial en todas las instituciones del Estado el catalán, el euskera y el gallego. La finalidad, complacer a los nacionalistas para neutralizar su tendencia a excluir el castellano en Cataluña. Una manera, piensan, de dejarles sin argumentos morales y arrebatarles desde el Estado la propiedad sobre el catalán que ahora tienen en exclusiva. El disparate iba envuelto convenientemente con la defensa del bilingüismo y el no a la independencia. Pronto provocó reacciones en contra. Y a favor.

El origen de la polémica brotó de las páginas de El País el 1 de diciembre de 2014, con el artículo "Todas las lenguas de España", de Mercè Vilarrubias. Pasó desapercibido. Insiste entonces en el diario digital de Barcelona Crónica Global con dos nuevos artículos con el mismo título, "El Estado frente al conflicto lingüístico" (y 2), y un tercero, "El catalán también es una lengua española". El despropósito levantó inquietud y tuvo réplicas. Marita Rodríguez, expresidenta de la Asociación por la Tolerancia, lo hizo con el texto "¿Hace falta oficializar las lenguas españolas?", y yo con dos entregas bajo el mismo título: "Contra el laberinto de la ley de lenguas" (y 2). Después le han seguido otros, a favor y en contra.

Lo que se presentó como un inocuo debate académico pronto desveló su verdadera cara. Detrás de Mercè Vilarrubias, tal como ella misma expone en "El catalán también es una lengua española", están el socialista y vicepresidente de Sociedad Civil Catalana Joaquín Coll, Ángel Puertas, Juan Claudio de Ramón o Rafael Arenas García, todos del entorno de SCC.

En plena polémica, asisto como representante del CLAC (Centro Libre de Arte y Cultura) el pasado viernes al II Seminario Multidisciplinar sobre el Plurilingüismo en España, bajo el título "Una España multilingüe y plurilingüe. Bases para un pacto lingüístico", celebrado en el Institut d’Estudis Catalans de Barcelona. Lo inaugura J. Montilla. Ha invitado a los miembros del CLAC Carles Martí, concejal socialista de Barcelona que en los últimos tiempos ha devenido secesionista cultural. Allí están también Mercè Villarrubias, Joaquín Coll y el ponente Ángel Puertas, más un escogido grupo de partidarios del nacionalismo lingüístico más radical.

Junto a ese documento reparten la Proposición de Ley Orgánica de Reconocimiento y Amparo de la Pluralidad Lingüística de España, presentada hace un año, y no admitida a trámite por la Mesa del Senado (31/1/2013), por el grupo parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, formado por PSC-PSOE, ICV, EUiA e IU. Su portavoz era el expresidente de la Generalidad José Montilla. La relación entre esta propuesta de ley, el documento del simposio y la ley de lenguas sostenida por Mercè Villarrubias es total. No es una cosa suya, detrás están Joaquín Coll, Carmen Chacón y un grupo de estudio del PSC; pero no solo: fuentes parlamentarias del PPC me confirman que SCC ha invitado a su grupo a una reunión para presentarles desde esta entidad cívica un proyecto de esa ley de lenguas. Previamente he llamado al presidente de Sociedad Civil Catalana, Josep Ramón Bosch, para preguntarle si la entidad que preside apoya oficialmente el proyecto. Me asegura que no, aunque reconoce que hay miembros de su junta directiva que sí. Él mismo está de acuerdo.

Vuelvo al simposio. Me impresiona Fran Caamaño, exministro de Justicia del Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, que además de considerar una cuestión de dignidad convertir todas las lenguas regionales en oficiales en igualdad de condiciones a la lengua común española cree que debe ser reformado el artículo 3 de la Constitución para eliminar el deber de su conocimiento.

En un principio creí que era un debate lingüístico, pero todo hace pensar que es una operación política del PSC para vender su federalismo asimétrico. En cuestión de lenguas, pretende el blindaje de la inmersión y la oficialidad de las lenguas regionales en todas las instituciones del Estado. Es muy posible que esté utilizando como caballo de Troya a personas que se han destacado en estos dos, tres años de lucha cívica contra la independencia y a favor de la libertad lingüística para vender esa mercancía. De momento, miembros de la Puerta de Brandeburgo y de SCC parecen estar por la labor. Si así es, el catalanismo del PSC de los años ochenta volvería a intentar meter en el redil la buena fe de cientos de miles de personas que durante este último año han hecho una labor encomiable en SCC. Su presidente, Josep Ramón Bosch, hombre inteligente y honesto, no debería dejar instrumentalizar la nave que tan bien ha dirigido desde su nacimiento.

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