El responsable de uno de los dos programas antiplagio con los que Moncloa aseguró haber testado la tesis de Pedro Sánchez ha salido a la palestra para desmentir el análisis que el Gobierno anunció el pasado viernes a bombo y platillo: en lugar de menos de un 1% de plagio, en Plagscan –que digo yo que algo saben del asunto– han detectado un 21%.
Hay, además, que hacer una aclaración importante: Plagscan no incluye en sus análisis documentos internos como los del Ministerio de Industria que ya está acreditado fueron usados con profusión en la tesis, ni de discursos como el de Miguel Sebastián, del que también se han encontrado párrafos literales y sin entrecomillar en la ya más famosa tesis doctoral de los últimos años.
Así, gracias a las investigaciones periodísticas y a los resultados de los programas especializados, podemos estar seguros de que al menos un cuarto de la tesis de Pedro Sánchez fue fruto del trabajo de otros autores y utilizado de forma inapropiada.
Bastaría esto para que a alguien que fuese la mitad de lo que Sánchez dice ser tuviese la mínima decencia de convocar elecciones; pero es que hay mucho más: ahí están las dudas más que serias sobre el verdadero autor de la tesis o, si lo prefieren, el verdadero recopilador de los diferentes textos. Por el momento, las publicaciones posteriores, las fuentes, las partes copiadas e incluso las erratas apuntan a alguien concreto, y no precisamente al doctor Sánchez.
Y si lo de presentar un texto plagado de plagios y de autoría incierta no fuese suficiente, lo de la universidad con rector socialista y el tribunal elegido entre doctores sin cualificar, alguno de ellos colaborador del propio Sánchez, completa un panorama que sólo puede tener un nombre: chanchullo.
Porque podemos tener dudas sobre la autoría de la tesis, sobre el porcentaje de contenido original o sobre la idoneidad de los miembros del tribunal, pero de lo que no hay ninguna es de que todo fue un apaño entre conmilitones para que el señor diputado obtuviese su doctorado exprés sin esforzarse.
El doctorado low cost de Sánchez es exactamente lo que tanto se ha criticado en los mastercitos de Cifuentes y Casado, pero con una diferencia brutal: los títulos del Instituto de Derecho Público no sirven ni para colgarlos en la habitación de la abuela encima de la mesa camilla, mientras que un doctorado es una titulación oficial, reconocida y que te ayuda a obtener importantes beneficios laborales. Es decir, en el hipotético caso de que Cifuentes o Casado hubieran hecho trampa, lo hicieron por vanidad estúpida y sin sacar nada a cambio, mientras que lo de Sánchez es corrupción pura y dura.
Por eso, y por otras muchas razones, este presidente low cost tiene que irse ya.