Cuando ustedes lean esta columna ya habrán pasado varios días desde que el gobierno valenciano ejecutase el apagón de Canal 9. A tenor de lo que algunos políticos y ciertos periodistas han venido diciendo, millones de valencianos deberían residir ya en campamentos para refugiados más allá de las fronteras de la comunidad, empujados al exilio por el hecho insoportable de vivir en una región en la que no hay un canal público de televisión autonómica.
Lo cierto, sin embargo, es que la inmensa mayoría de los valencianos sigue con su día a día igual que hasta ahora, con problemas para encontrar trabajo en muchos casos, preocupaciones personales y familiares, cosas más o menos graves de salud… Todos excepto, por supuesto, aquellos que vivían, no pocos espléndidamente, de los impuestos que todos pagábamos para mantener un Canal 9 absurdamente sobredimensionado, penosamente gestionado y, encima, políticamente manipulado.
Esa es, por cierto, la historia de todos los canales autonómicos que hemos disfrutado en nuestro país: despilfarro, manipulación, plantillas descomunales plagadas de amiguetes, sueldos muy por encima del mercado… virtudes que hemos tenido que soportar porque, supuestamente, estas televisiones cumplen una imprescindible función social. Virtudes a pesar de las cuales se nos intenta convencer de que las televisiones autonómicas son una necesidad irrenunciable.
Lo cierto es que, tal y como pudimos comprobar durante la huelga de Telemadrid y tal y como comprobaremos en Valencia a partir de ahora, no pasa nada si no hay televisión autonómica, nadie se muere y ningún ciudadano realmente interesado queda trágicamente desinformado.
Es más: con estas televisiones en negro los contribuyentes nos ahorramos unos cuantos millones de euros y, encima, se reduce un poco la atroz distorsión que la multitud de medios públicos supone para el mercado de la información, un mercado del que otros tratamos de vivir honradamente a costa de infinitas dificultades.
No obstante todo lo anterior, el pasado fin de semana miles de valencianos se manifestaron contra el "robo" de Canal 9. No el robo que esta cadena venía perpetrando en sus bolsillos –y los míos–, sino por el hecho de que se la hayan quitado de la pantalla.
Sorprendentemente, a ninguno de esos miles de manifestantes se le ocurrió la solución más evidente a su terrible problema: si quieren un Canal 9, no tienen más que pagárselo, que creen una empresa y cada uno ponga la parte alícuota correspondiente del capital necesario. Ya sé que eso implica dejar de darnos el sablazo a los demás y rascarse –bastante– el propio bolsillo; pero, chicos, si tanta falta os hace y si es algo tan imprescindible, que no sea por –vuestro– dinero.
PS: El autor de este artículo autoriza a todo el que quiera a cambiar el título sustituyendo "Canal 9" por la cadena autonómica de su elección.