Una de las cosas más irritantes del anuncio hecho por ETA, a través de uno de sus titiriteros, de que el próximo 8 de abril entregará un mapa con la localización de sus zulos –como si la Guardia Civil no supiera dónde están– es el entusiasmo no contenido con que la izquierda política, mediática y muchos tertulianos ignorantes de estas cuestiones incrustados en las infinitas tertulias televisivas o radiofónicas reciben este tipo de anuncios de una banda terrorista que ha causado 858 víctimas mortales, herido a miles de personas e infligido un sufrimiento enorme a muchas familias que no han sido capaces de reponerse del daño psíquico y psicológico derivado de la pérdida en un atentado de un ser querido. El último caso conocido de este drama es el de Fernando Altuna Urcelay, miembro de Covite, que falleció la pasada semana con sólo 47 años de edad, a cuyo padre, capitán de la Policía Nacional, ETA asesinó en 1980 cuando él tenía diez años. Fernando no pudo superar el daño que dicha muerte le produjo.
Con su actitud, esa izquierda política y mediática lo que consigue en la práctica es blanquear a ETA, interpretando siempre sus gestos o movimientos en clave de generosidad, que, por supuesto, argumentan, exige una respuesta en la misma onda por parte del Estado o del Gobierno de turno. Ni por asomo reconocen que el anuncio de la banda terrorista de que entregará las coordenadas de sus zulos es un puro ejercicio de propaganda, en un intento de aparecer ante la opinión pública internacional como una organización respetable, que después de asesinar a 858 personas ha entrado por la senda de la razón; y para que se vea lo buenos que son ahora están dispuestos a entregar sus armas.
Toda esa pléyade político-mediática seguirá repitiendo como un papagayo que ETA ha sido derrotada por el Estado de Derecho y por la democracia. Y uno se pregunta: ¿tan difícil de entender es que ETA es algo más que un conjunto de comandos terroristas? ¿Tan difícil de comprender es que ETA representa desde su nacimiento en 1959 un proyecto político totalitario que lo que persigue es la ruptura de España, y que ese proyecto político sigue en la actualidad más vivo que nunca en las instituciones, gracias a Zapatero, al Tribunal Constitucional presidido por Pascual Sala, que legalizó las marcas de ETA, y a la inacción de Rajoy en este campo?
Y si a esa izquierda política y mediática se une la actitud de un partido como el PNV, que desde la transición política no ha hecho más que poner palos en las ruedas en la lucha contra ETA, y que ahora, en el final operativo y logístico de la banda, quiere subirse al carro y colgarse algunas medallas, entonces la irritación a la que me refería antes aumenta considerablemente. La visita secreta de Urkullu a la Moncloa la pasada semana lo único que provoca es una gran intranquilidad. Con un Gobierno necesitado del apoyo del PNV para sacar adelante los Presupuestos, el planteamiento de acércame los presos de ETA al País Vasco, transfiéreme la competencia de Instituciones Penitenciarias y yo me planteo darte mis votos para sacar adelante las cuentas del Estado resulta bastante verosímil. Y lo malo es que contemplar la otra parte de la ecuación no añade un gramo de tranquilidad.
Por mucho que Rajoy haya dicho este fin de semana que no habrá ninguna concesión a cambio del desarme de ETA, su credibilidad en esta cuestión quedó muy tocada desde el verano de 2012, en que dio el visto bueno para poner en libertad al etarra secuestrador de Ortega Lara Josu Bolinaga. Pero si por si acaso le quedara algo de esa credibilidad perdida y, sobre todo, pensara de verdad en la memoria y en la dignidad de las víctimas del terrorismo, el presidente del Gobierno debería impedir por todos los medios a su alcance, que son muchos, que el próximo 8 de abril ETA pueda llevar a cabo su particular aquelarre y presentarse ante la opinión pública internacional como una especie de ONG.