El acto celebrado el pasado jueves en el patio central del Colegio de Guardias Jóvenes Duque de Ahumada que la Guardia Civil tiene en la localidad madrileña de Valdemoro, en el que se procedió a destruir armamento incautado fundamentalmente a ETA, supuso una nueva bofetada a la Memoria, a la Dignidad y a la Justicia de las víctimas del terrorismo y por ende a la sociedad española, que supo hacer frente –sobre todo a partir del asesinato de Miguel Ángel Blanco, en julio de 1997– en las calles a la barbarie terrorista. También fue una muestra más de la frivolidad con la que actúa el presidente del Gobierno, incluso en cuestiones tan sensibles y que han causado tanto dolor en nuestra historia reciente.
Fue una bofetada a las víctimas del terrorismo y a la sociedad española porque si con ese acto –apisonadora incluida– se quería escenificar la derrota de ETA, cada vez son más los ciudadanos que, a pesar del mantra oficial de que esta banda terrorista ha sido derrotada por el Estado de Derecho, saben que eso no es verdad. Ha sido derrotada, gracias a la labor abnegada de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, en el terreno policial, pero su proyecto político –hay que recordar que ETA tuvo desde su origen la finalidad de destruir España y la construcción de la República Socialista de Euskadi– está más fuerte que nunca.
La prueba más evidente la ha proporcionado el propio Sánchez al pactar en el último año con los herederos políticos de ETA, EH-Bildu, varias cuestiones importantes en el Congreso de los Diputados o en el Gobierno de Navarra. Sánchez y el PSOE –y no digamos nada Podemos– consideran a Bildu un partido más, con el que se puede tratar, hablar y negociar todo lo que haga falta, algo que está poniendo muy nervioso al PNV. El blanqueo de los herederos políticos de ETA es total por parte del Gobierno de coalición social-comunista.
Por ello, se entiende mal y fue un gran error que la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) fuera al acto en Valdemoro, y la razón esgrimida por su presidenta, Maite Araluce, poder decirle a la cara a Pedro Sánchez lo que no ha podido hasta ahora, al no ser recibida en la Moncloa, no justifica esa presencia que de alguna manera avala y legitima el aquelarre que allí tuvo lugar. Acertaron otros colectivos de víctimas –Covite y Dignidad y Justicia– al no ir y se equivocó la AVT.
También acertaron los expresidentes del Gobierno invitados al acto y que declinaron asistir. Fue coherente la negativa de Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy a estar junto a Sánchez en ese acto. La ausencia de Zapatero, salvo que tuviera problemas de agenda por algún viaje a Venezuela, no se entiende bien, ya que ha sido el presidente que más ha negociado políticamente con ETA, y es de suponer que estaría encantado de contemplar el numerito de la apisonadora.
La ausencia de la bandera de España y la no interpretación del himno nacional pone también de relieve la falta de sensibilidad de los organizadores del acto y del propio presidente del Gobierno. Las 857 personas asesinadas por ETA a lo largo de sus más de cincuenta años de existencia lo fueron por una única razón: ser españolas, independientemente de que llevaran un uniforme o no, militaran en un partido político o en otro que defendiera la Constitución, o fueran simplemente civiles sin ninguna adscripción política. ¿No se merecían los muertos, al menos, que se viera la bandera y se escuchara el himno nacional en un acto que pretendía simbolizar la derrota de la banda terrorista que les asesinó?
Quedan más de 300 crímenes de ETA por esclarecer. Es una deuda que el Estado tiene con las víctimas. Sería conveniente que la Justicia se aplicara a ello y que el presidente del Gobierno se dejara de actos para mayor gloria propia, incompatibles moral y éticamente con mantener pactos políticos con quienes no han condenado ese pasado tenebroso, macabro y totalitario de ETA.