Trenes averiados. De noche. A cuatro grados. Sin luz ni calefacción. El caso del tren Badajoz-Madrid ha saltado a los medios y quizá la España del AVE ha descubierto a la que, por no tener, no tiene siquiera velocidad. Es la España que todavía se las ha de apañar con la vieja y deficiente infraestructura ferroviaria. La que ha visto cómo se iban reduciendo los servicios de trenes en su entorno. La misma que ha asistido, año tras año, década tras década, al incumplimiento de las sucesivas promesas de mejoras, modernizaciones, velocidades altas y nuevos convoyes. Unos incumplimientos que, como es norma en nuestra política de círculo vicioso, el PP ha achacado al PSOE y el PSOE al PP. En Extremadura, algunos miembros del Gobierno socialista han endilgado la culpa del aciago viaje nocturno del tren averiado a la Renfe. Un clásico. Mejor apunten hacia los Gobiernos que deciden sobre las inversiones ferroviarias.
Los que vivimos en las regiones que pintan poco en la política española conocemos el problema. Conseguir la modernización de las infraestructuras en las regiones olvidadas es difícil, largo, interminable. Los plazos se alargan de forma sistemática. No tenemos suficiente peso demográfico, económico y político como para que nos presten atención. Siempre hay otros que parten con ventaja a la hora de competir por las inversiones del Estado. Así se perpetúa la condición relegada de esas regiones, mientras se desarrollan más las que ya están más desarrolladas. Es la ley del más fuerte. Y entre los más fuertes se encuentran, no por azar, aquellos que más cargan contra España.
Mi amigo Iván Vélez, director de la fundación Denaes, lo describió lúcidamente en Twitter: "Como los extremeños son leales a España y no tienen dirigentes especializados en el chantaje al Estado, disponen de un tren decimonónico. Así funciona la España de los hechos diferenciales". De la actuación habitual de los Gobiernos centrales se deduce que hay una ley perversa por la cual el Estado pone más comodidades a aquellos que más incómodos se sienten en España. Para nada, por lo demás, porque nunca se satisfacen los quejicas. Seguirán gimoteando que se los maltrata y sostendrán, con descaro, la falsedad de que pagan más de lo que reciben. O perfumarán lo falso con el inconfundible hedor racista: España les roba para dárselo a los holgazanes de las regiones menos ricas.
Lejos de premiarse, la lealtad se castiga, por eso de que, como ya son leales, que aguanten. Es la misma mentalidad que rige en los partidos cuando creen tener el voto cautivo. Pero con peores consecuencias: para los ciudadanos de las regiones desfavorecidas, para la famosa vertebración, que se ha quedado en proclama política vacía, y para la política, en la que se incentivan el victimismo y el chantajismo. El hecho diferencial se ha transformado en sinónimo de ventaja, gracias a una política que favorece a regiones que marcan identidad propia (y conflictiva) y desasiste a las que no lo hacen. Cómo extrañarse de que haya cada vez más autonomías que descubren rasgos diferenciales hasta entonces ignorados. Sin olvidar las ventajas internas de cultivarlos, que es buen negocio. Sólo hay un negocio que se resiente a causa de una política que normaliza esta clase de trato diferencial: la igualdad de los españoles.