La sentencia del Tribunal Europeo es, a la vez, un lavado de manos y un lavado de la Ley de Amnistía con la que Pedro Sánchez consiguió obtener su última investidura. La decepción es notable entre los que esperaban otra cosa, entre ellos, no pocos juristas. Aunque lo extraordinario es que tanta gente confiara en que viniera de allí el varapalo a la norma torcida con la que una parte de la política española pide perdón a los que dieron el golpe de Estado de octubre del 2017 por no dejarles que se salieran con la suya. En el momento de los hechos ya se vio que, al lado de las instancias europeas, Pilatos era un intervencionista.
Las instancias europeas, igual que muchos gobiernos europeos, no fueron activos defensores del orden constitucional español frente a los que trataban de romperlo. Fueron observadores más o menos distantes que repetían que era un asunto interno español y allá películas. Hubo alguno, belga si no me equivoco y primer ministro, que salió con lo de que un conflicto político se debe solucionar por vías políticas, copipega de los golpistas. A la mayoría, sólo se le puede agradecer que permaneciera neutral, y a unos cuantos, como a Alemania y sus jueces de Schleswig-Holstein, ni eso.
Parece mentira que, con los precedentes, se tuviera fe en un Tribunal que, por razones jurídicas que no excluyen la razón política, va a minimizar su enfoque. Todo lo que no choca brutalmente con el Derecho de la UE, lo avala. Y a la ramita de olivo —y de olvido— de la reconciliación, le concede premio en los juegos florales. Parece mentira que se esperara algo de más amplitud y más altura, pero tenemos esa tara: la ilusión de que la Unión Europa está ahí para sacarnos las castañas del fuego.
El filósofo Ortega y Gasset dijo hace mucho tiempo que España es el problema y Europa la solución. La creencia en un poder salvador europeo, capaz de resolver lo que los españoles no pueden, ha sobrevivido a la influencia del pensador. Aunque no debe tomarse esa creencia generalizada como prueba de que fuera influyente alguna vez. Ortega, con el imaginario que evoca su frase, no es la causa. Es el síntoma de una mentalidad que se acomoda en la propia impotencia y prefiere buscar en alguna instancia superior y, sobre todo, externa, a la mano ejecutiva que pone orden.
La mentalidad, por así llamar a un sentimiento mitad ilusión mitad cálculo, no ha hecho más que reforzarse. Nuestro europeísmo incondicional nos permite delegar con la conciencia tranquila y en la expectativa que las buenas instituciones europeas hagan lo que no hacen las nuestras, que consideramos peores. La política española va a Bruselas en pos de esa figura que dice la última palabra, da la razón a unos y se la quita a otros, pone fin al contencioso y aquí paz y después gloria. Esta costumbre, en lo pequeño, puede funcionar como recurso de la batalla política. Pero en los asuntos trascendentales conduce a encrucijadas peligrosas.
No se puede esperar que venga de Europa el santo remedio a nada. Ni a Sánchez ni al separatismo. Y el dictamen del Tribunal es importante porque viene a decir que en correspondencia a las cesiones de soberanía que le hemos hecho, la UE nos cede soberanía para hacer leyes infumables, igual que nos la cedería para deshacer España.