Puigdemont acaba de sentar cátedra desde Waterloo a propósito de la posición del Gobierno de España sobre la demanda que ha interpuesto en Bélgica contra el juez Llarena. Para el prófugo sería "gravísimo" que el Estado español destinase dinero público a defender al juez del Tribunal Supremo que ha instruido el caso contra él y otros dirigentes separatistas por los hechos del 1 de octubre del año pasado. Su inquietud por el uso del dinero público del Estado cuyas leyes violó repetidamente para declarar la secesión de Cataluña rompe los moldes del cinismo político. No sólo está acusado Puigdemont de malversación de caudales públicos por la organización del ilegal referéndum: toda la escalada separatista que condujo al intento de golpe se engrasó con dinero público. Igual, por cierto, que el previo proceso de construcción nacional pujoliano. Sin olvidar, naturalmente, la cleptocracia del 3 por ciento que instauró su partido, el cual ha tenido que cambiar tanto de nombre, por esas cosas del robar, que ya no sabemos cómo se llama.
Hasta un cínico falsificador puede decir, no obstante, alguna verdad. Y este demagogo de tercera regional, que tiene como principal habilidad la de ser el primero en fugarse, ha dicho algo que no es un embuste. Dijo que, leída la última declaración del Gobierno sobre su demanda contra Llarena, no queda claro si defenderá o no al juez en los tribunales belgas. En efecto, si uno lee la nota gubernamental se queda con dudas. Dudas que se acrecientan después de oír a la ministra de Justicia diciendo que el Gobierno no ha cambiado de posición. La posición, que era contraria al criterio de la Abogacía del Estado y levantó protestas de jueces y fiscales, consistía en que el juez Llarena tenía que defenderse por su cuenta de "los actos privados que se le atribuyen".
Esos supuestos "actos privados" constituyen el pretexto de la demanda. Son declaraciones públicas del juez Llarena. En concreto, una que hizo después de una conferencia en Oviedo hace meses. Según los separatistas, y según publican muchos medios, Llarena dijo entonces que los encausados en prisión provisional "no son presos políticos". Como suele ocurrir, la declaración de Llarena no fue literalmente esa. Fue esta:
Un delito político son aquellos comportamientos que normalmente no estarían sancionados por el ordenamiento jurídico-penal y que, sin embargo, por una consideración política, son perseguidos. No es el caso que estamos llevando en el Supremo. Se trata de comportamientos que aparecen recogidos en nuestro Código Penal y que, con independencia de cuál haya podido ser la motivación que les haya llevado a las personas a cometerlos, si es que ha sido así, deben ser investigados.
Esas son las palabras de Llarena que los golpistas alegan como prueba de su "falta de imparcialidad" y vulneración de la presunción de inocencia. Y esas son las palabras de Llarena que desmienten la acusación separatista. Su denuncia sólo prueba que mienten, una vez más, sin límite. Como la ministra de Justicia habló de informaciones "interesadas o intoxicadas" sobre la posición del Gobierno, hay que hacerle notar que las intoxicaciones de las que debe ocuparse son las que vierten Puigdemont, Torra y compañía. Porque afectan al juez Llarena, a la Justicia española y a España: a todos, de forma inseparable. Incluso, aunque no lo haya pensado, le afectan a ella, como ministra.
¿Qué diablos es eso de que el juez tenga que defenderse por su cuenta porque se trata de "actos privados" suyos? ¿O es que no interponen esa demanda contra Llarena por su función de instructor en la causa por rebelión contra los dirigentes separatistas? Moncloa puede haber fantaseado con regalar a los independentistas un desaire al juez, pero no ha medido el coste que ello tiene para el propio Gobierno. Si el Estado se ausenta y deja que esa demanda sea asunto privado de Llarena, no hará más que dar crédito político a la colección de barbaridades sobre la democracia española que han reunido los abogados de los golpistas.
La demanda acusa a España de "violaciones sistemáticas" de los derechos fundamentales de los independentistas. Cita como fuente acreditada las denuncias de "oponentes políticos vascos", eufemismo para referirse a los terroristas de ETA, en cuya defensa está especializado al menos uno de los abogados belgas de Puigdemont y cía. Sostiene que el juez Llarena es representante de ese "sistema" violador de derechos y de las normas europeas. Y sitúa a España al lado mismo de Kazajistán "entre los Estados delincuentes que se niegan a someterse a los principios que rigen los derechos fundamentales universales".
Yo no sé si el Gobierno cree que ese global cuestionamiento de la democracia española no va con él. Hasta es posible que crea va por Rajoy y no por Sánchez. Bien. Si al presidente no le importa que le comparen con Nursultan Nazarbayev, que lleva en el poder desde 1991 –o desde 1980, contando su etapa como jefe comunista–, es cosa suya. Pero la mayoría de los españoles no van a estar de acuerdo con que mire para otro lado cuando se pone a España entre los Estados que más vulneran los derechos fundamentales. Y no por orgullo patrio, sino porque es lisa y llanamente mentira.