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Cristina Losada

Montoro versus Llarena

"Tenemos que engañar al Estado", decía Artur Mas. ¿Lo recuerda? ¿O prefiere no recordarlo porque al Gobierno, a su Gobierno, lo engañaron?

"Tenemos que engañar al Estado", decía Artur Mas. ¿Lo recuerda? ¿O prefiere no recordarlo porque al Gobierno, a su Gobierno, lo engañaron?
Cristóbal Montoro | Europa Press

Todos hemos leído el auto de procesamiento del juez Llarena contra Puigdemont y el resto de cabecillas del golpe separatista catalán. Todos, es decir, menos el ministro de Hacienda del Gobierno de España. De haberlo leído, y de haberlo leído con un poco de atención, habría evitado jactarse de que "las urnas de los chinos del 1 de octubre" no se pagaron con dinero público. El auto, aparte de consignar cuatro capítulos de gasto con una nota al pie sobre los atestados en los que se basa, menciona el acuerdo adoptado por el Govern de Puigdemont y Junqueras para autorizar las contrataciones necesarias para la realización del referéndum ilegal. Y más adelante añade: "Con independencia de las partidas contables tras las que se ocultó el desembolso". Parece mentira que haya que decirle a un ministro de Hacienda que existen tales formas de camuflaje, pero esa es la situación.

Si Montoro hubiera leído la prensa estos meses, sabría que en diciembre la Guardia Civil presentó un informe sobre la financiación del 1-O al juzgado de instrucción de Barcelona que investiga los preparativos de aquel acto clave del golpe contra nuestro orden constitucional. Incluía dos partidas de gasto que se habían empleado "de forma indubitada" para sufragarlo. Dos partidas que, si Montoro se fija, verá que aparecen también en el auto de Llarena. Aún había algo más importante: los investigadores avisaban de que era difícil dar cifras fiables por la "opacidad" y las "argucias" del Gobierno regional. Pedían que organismos del Estado auditaran las cuentas. No descartaban tampoco que parte de los gastos hubieran corrido a cuenta de Òmnium y la ANC, entidades que han recibido de los Gobiernos catalanes generosas porciones de dinero público. Por cierto, ¿sigue nutriéndolas de subvenciones la Generalitat intervenida?

Aquella dificultad por las opacidades y argucias de unos trileros duchos en esas artes movió al juez Llarena a pedir a la Guardia Civil más documentación sobre los gastos del 1-O –y a abrir una pieza secreta al respecto– unos días antes de dictar el auto de procesamiento. Ese auto que, en su parte relativa a la malversación de caudales públicos, ha puesto en cuestión el ministro de Hacienda al decir en una entrevista en El Mundo: "Yo no sé con qué dinero se pagaron esas urnas de los chinos del 1 de octubre, ni la manutención de Puigdemont. Pero sé que no con dinero público". Lógico que el juez Llarena haya pedido al ministro que informe "a la mayor brevedad posible sobre el concreto soporte objetivo de tales afirmaciones".

El soporte objetivo del ministro es que desde el 16 de septiembre pasado intervino los pagos esenciales de la Generalitat, ante la negativa de ésta a informar de sus cuentas a Hacienda. Pero hubo contratos para la campaña del 1-O que se hicieron antes. Antes, señor Montoro. Y luego están las argucias y los engaños, esa clase de estratagemas con las que un ministro de Hacienda ha de estar familiarizado. Quiero decir: tiene que saber que se hacen. Que es posible. Y en el caso de los golpistas, más que probable. "Tenemos que engañar al Estado", decía Artur Mas. ¿Lo recuerda? ¿O prefiere no recordarlo porque al Gobierno, a su Gobierno, lo engañaron? Ahora bien, en caso de que esté seguro el ministro de que no se gastó un euro de dinero público en el procés y en el ilegal referéndum, debe confirmarlo ya. Va a ser difícil creer que los jefes separatistas pusieran dinero de su bolsillo. Esos no ponen un euro. Pero suspendamos la incredulidad por un momento: a lo mejor lo pagaron todo con las colectas y con el dinero (público) de Òmnium y la ANC.

Mi incrédula creencia, sin embargo, es otra. Es que no hay soporte objetivo. Es que el soporte del ministro es subjetivo. Es que no podía ni quería admitir que los golpistas le colaran el gol de los gastos del 1-O. Y antes de poner en entredicho su autoridad política ha preferido poner en entredicho las pruebas de que dispone el Supremo. Tales son las prioridades. Sin olvidar las formas: un ministro despacha el asunto de la financiación de un golpe de Estado con un par de frases ligeras, malamente chistosas ("las urnas de los chinos"). Tampoco lo podríamos creer si no hubiera sucedido.

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