El otro día, en el Congreso, Podemos y los partidos nacionalistas quisieron modificar la Ley de Amnistía de 1977. En realidad, querían hacer algo más. Por eso tuvieron que falsear el sentido de aquella ley, que fue aprobada por abrumadora mayoría en las primeras Cortes democráticas después de la dictadura. Su alcance, como es sabido, cubría tanto los crímenes de la represión franquista como los de ETA, cosa que no impidió que los milis recibieran la aprobación del proyecto con el asesinato del presidente de la Diputación de Vizcaya y sus dos escoltas. Su sentido lo expresó claramente Marcelino Camacho, diputado del PCE, al principio de su breve discurso en defensa de la ley:
Nosotros considerábamos que la pieza capital de esta política de reconciliación nacional tenía que ser la amnistía. ¿Cómo podríamos reconciliarnos los que nos habíamos estado matando los unos a los otros si no borrábamos ese pasado de una vez para siempre?
Para nosotros, tanto como reparación de injusticias cometidas a lo largo de estos cuarenta años de dictadura, la amnistía es una política nacional y democrática, la única consecuente que puede cerrar ese pasado de guerras civiles y de cruzadas. Queremos abrir la vía a la paz y a la libertad. Queremos cerrar una etapa; queremos abrir otra. Nosotros, precisamente, los comunistas, que tantas heridas tenemos, que tanto hemos sufrido, hemos enterrado nuestros muertos y nuestros rencores. Nosotros estamos resueltos a marchar hacia adelante en esa vía de la libertad, en esa vía de la paz y del progreso.
Reconciliarse entre los que se habían estado matando, enterrar los rencores y así verdaderamente enterrar a los muertos –a todos–, cerrar una etapa y abrir otra. Ese fue el sentido profundo y necesario de la Transición. Sin él, no se habría hecho ni se hubiera podido hacer. Y la Ley de Amnistía fue de una de las piezas destinadas a sellar la reconciliación. Por eso puede decirse que lo que pretendían Podemos y los nacionalistas no se reducía a una modificación con la que se quería abrir la puerta a juzgar a responsables –si siguen vivos, habría que añadir– de "delitos de genocidio, lesa humanidad, delitos de guerra y otras graves violaciones de derechos humanos". Lo que intentaron en el Congreso fue la derogación de la reconciliación y de la Transición para viajar al año cero con el que fantasea la nostalgia podemita por la ruptura.
La diputada de Podemos que presentó la propuesta no sólo omitió y tergiversó el sentido de la Ley de Amnistía vinculado a la reconciliación. Llegó a decir que "había llegado el tiempo de la verdad, de un país sin miedo que reescribe la historia", como si la verdad sobre los hechos históricos estuviera proscrita y hubiera algún miedo a conocerla. Decir esto hoy es de una ignorancia lastimosa o de un cinismo político pétreo. Hay pocos episodios históricos más explorados que la guerra civil española, y abundan las investigaciones sobre la represión de la dictadura. Habrá interpretaciones distintas, habrá versiones diferentes de los hechos, pero no se puede decir que la verdad está lejos de ser conocida y que el miedo impide conocerla. La confusión de la verdad factual con la verdad moral y la sustitución de la historia por la memoria se encuentran entre los estragos causados por la política de memoria histórica.
¿Quiere reescribir Podemos la historia? Adelante. Nadie impedirá que la reescriba como le dé la gana. Nada impide que la reescriba entera, empezando por la de la guerra civil, la dictadura y la Transición. De hecho, la reescriben constantemente. Más aún, sus dirigentes viven en una historia reescrita. Tal vez porque sus padres mintieron, como en el poema de Kipling. Aunque el motivo no importa. Si lo que quiere Podemos es reescribir la historia de España, puede. Pónganse a ello. Mientras no intenten imponerla como una verdad oficial, no hay ningún problema. Pueden interpretarla como les plazca y pueden falsearla a ver si cuela. Lo único que no pueden es cambiarla.