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EDITORIAL

Ahora sí quieren legislar en caliente

No quieren justicia o, al menos, no lo que en cualquier país democrático se entiende por justicia; sólo buscan venganza.

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El caso de la Manada, asunto de una complejidad evidente sobre el que ya se ha dicho demasiado y casi siempre sin ningún fundamento, está resultando desde el principio harto revelador de cómo entiende la Justicia una parte de la izquierda, lamentablemente machihembrada con unos medios de comunicación que, una vez más, han demostrado que son uno de los problemas más graves de este país.

Sin entrar en el fondo de la sentencia emitida este jueves –precisamente para entrar en el fondo de una cuestión así están los tribunales en un Estado de Derecho–, lo cierto es que ha sido un juicio con todas las garantías, en el que se han escuchado los testimonios pertinentes y se han estudiado las pruebas disponibles.

Pero un sistema judicial garantista y regido por las normas básicas del derecho no es lo que quieren aquellos que se han esforzado en condenar desde el primer momento y han presionado a los jueces lo indecible desde los medios de comunicación y las calles. Incluso se ha llegado a hablar de un "veredicto social", emitido no se sabe bien por qué canales ni con qué garantías jurídicas o democráticas, pero que se parece mucho más a las sentencias a muerte de un circo romano que a la Justicia de un Estado de Derecho. Espoleados por políticos sin la menor formación jurídica y por periodistas y tuiteros sin formación de ningún tipo, decenas de miles de personas han firmado ya una disparatada petición de dos párrafos para inhabilitar a unos jueces que han emitido una sentencia razonada de 371 folios.

Que las redes sociales y determinados espacios de internet sean un ámbito propicio para el desvarío no debería sorprender demasiado; lo que sí podría resultar más chocante es constatar que los mismos que ante cualquier crimen con asesino convicto y confeso se desgañitan proclamando que"no hay que legislar en caliente" braman ahora con igual intensidad por un cambio legislativo que permita condenas más duras en casos en los que, como en este, no hay confesión y son de una complejidad evidente.

No quieren justicia o, al menos, no lo que en cualquier país democrático se entiende por justicia; sólo buscan venganza y, sobre todo, tener la posibilidad de dictar sentencias condenatorias que, con la excusa de ese veredicto social o de lo que piensa un fantasmal pueblo, arrebaten a la ciudadanía uno de los derechos básicos: el de ser objeto de un juicio justo, incluso cuando se es culpable.

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