El inspector jefe de la Policía José María Ballesteros, condenado por el caso Faisán, presentó este lunes una petición de indulto al Gobierno en la que afirma que se limitó a "cumplir la orden de un superior" cuando participó en el chivazato al aparato de extorsión de la banda terrorista ETA. La solicitud de gracia al Ministerio de Justicia se produce después de que, el viernes anterior, el Tribunal Supremo confirmara las penas de un año y medio de cárcel y cuatro de inhabilitación especial a los dos únicos funcionarios encausados en el que, sin duda, es uno de los mayores escándalos de la lucha antiterrorista perpetrado por los socialistas desde los tiempos del GAL.
Los once folios en los que se condensa la petición de indulto han servido, de momento, para que la defensa del policía solicite a la Audiencia Nacional la suspensión de la pena hasta que el Ejecutivo se pronuncie al respecto. Se trata de retrasar la expulsión de Ballesteros del Cuerpo Nacional de Policía y, de algún modo, de facilitar la decisión final del Gobierno asumiendo que todo fue una decisión política y el comisario un mero peón, muy a su pesar. De hecho, el sentido común dicta que ese fue precisamente el esquema bajo el cual se produjo la delación a los etarras en el conocido bar de Irún. Los diputados del PP que se encargaron de llevar a las Cortes este escándalo, entre ellos el actual director general de la Policía, partían de esa premisa y centraron sus numerosas intervenciones en buscar "la X del Faisán", en referencia indirecta a Alfredo Pérez Rubalcaba, entonces ministro del Interior. Hoy, con el PP en el Gobierno, las declaraciones de esos mismos protagonistas no pasan de un aséptico respeto a las decisiones judiciales, a la espera de ver qué se hace con el indulto.
Sea cual sea la decisión del Gobierno, la manera en que se ha saldado el asunto del chivatazo cuestiona seriamente la sinceridad de los populares cuando hicieron del Faisán un casus belli contra el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, al que acusaron de cometer traición. Traición a las víctimas del terrorismo y a la Nación, cometida precisamente por los responsables de la lucha contra ETA.
Las excarcelaciones injustificadas de etarras, el trato dispensado a asesinos como Bolinaga y ahora esta confianzuda petición de indulto por parte de uno de los dos únicos condenados por el Faisán demuestran que la política de rendición de Zapatero no fue una improvisación más del personaje, sino un plan perfectamente diseñado que tiene en el Gobierno de Rajoy su más fiel continuador.