Hace más de un año que algún medio de comunicación develó que el ex ministro de Industria socialista, Miguel Sebastián, habría confesado en un foro privado que el grueso de la tesis doctoral del actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, habría sido elaborada en dicho ministerio. Lo cierto es que, desde entonces, dicha tesis, presentada en 2011 en la exclusiva universidad privada Camilo José Cela de Madrid, cuyo rector en aquella época era el militante socialista y ex secretario de Estado para el Deporte Rafael Cortes Elvira ha permanecido oculta sin que ninguna instancia judicial haya instado la menor investigación y sin que casi ningún medio de comunicación haya hecho el menor seguimiento público del asunto.
Semejante opacidad y falta de interés contrasta con el enorme seguimiento mediático y la rápida apertura de un proceso judicial por la obtención, presuntamente indebida, por parte de Pablo Casado de un master -en realidad un Diploma de Estudios Avanzados cuya única función era acceder a un doctorado que luego no realizó- que el actual líder del PP había cursado en 2008-2009 en el Instituto de Derecho Universidad Rey Juan Carlos, el mismo que cursó unos años más tarde Cristina Cifuentes. Bastaron escasas horas desde que la juez Carmen Rodríguez-Medel tomase el pasado 15 de mayo declaración al periodista Ignacio Escolar, director de eldiario.es, medio que había destapado el todavía no resuelto caso del master de Cifuentes, para que la magistrada abriese una pieza separada sobre este titulo académico de Casado sin recabar más testimonio y sin tiempo para evaluar las presuntas pruebas que supuestamente había aportado el periodista.
Poco importó que el líder popular, a diferencia de Pedro Sánchez o de la propia Cifuentes, compareciera inmediatamente para dar explicaciones y que en ellas demostrara que le convalidaron 18 de las 22 asignaturas del mal llamado "master" al amparo de la normativa aplicable (Real Decreto 56/2005) y que, en las otras cuatro pactó, tal y como también permite la ley y dado que no podía asistir a clase, su aprobación mediante la elaboración y presentación de cuatro trabajos que el líder popular mostró a los periodistas en ese mismo acto.
A pesar de todo lo anterior, y de que Casado es aforado, la magistrada ha retenido la instrucción indebidamente durante meses hasta que ha elevado el caso al tribunal Supremo este lunes. Lo más rocambolesco de todo, sin embargo, es que la magistrada acuse a Casado de un delito de cohecho impropio y otro de prevaricación administrativa teniendo presente que el primero de dichos delitos, en caso de haberse perpetrado, habría ya prescrito, mientras sustenta la acusación del otro delito en futuras investigaciones que pudieran demostrar que los trabajos presentados por Casado ante los periodistas fueron, en realidad, elaborados para la ocasión y no en el curso 2008-2009.
Así las cosas, algunos dirán que Casado no tiene nada que temer si es inocente y que el Tribunal Supremo acabará, en tal caso, archivando la causa. Es muy probable que así sea; pero hasta entonces el nuevo presidente del Partido Popular va a seguir sufriendo una enorme e injusta campaña de desprestigio sobre la base del "difama que algo queda": Para empezar el caso llega al Tribunal Supremo justo a principios de agosto con lo que es muy probable que sus magistrados no entren en la cuestión hasta septiembre para luego tomar una decisión Dios sabe cuándo.
Así las cosas, sólo cabe exigir a los medios de comunicación menos amarillismo y menos dobles varas de medir así como reclamar al sistema de justicia una independencia y una celeridad que hasta la fecha brillan por su ausencia para detrimento, entre otras muchas cosas, de la verdadera lucha contra la verdadera corrupción.