Resulta asombroso que muchas formaciones políticas y no pocos medios de comunicación consideren que no existe más corrupción que la que ha protagonizado el PP. Así, el intento de presentar al PP poco menos que como el partido de la corrupción es un absolutamente sectario, no ya porque el Partido Socialista ha protagonizado, junto al nacionalismo catalán y con gran diferencia, los casos más graves de la democracia, sino porque está claro que la falta de honradez en la función pública es un problema que atañe a personas y no a siglas.
Buen y reciente ejemplo de ello nos lo ofrece la operación Alquería, que coordina el Juzgado de Instrucción nº 9 de Valencia y por la que ha sido detenido este miércoles el presidente de la Diputación de Valencia, y alcalde de Onteniente, el socialista Jorge Rodríguez; junto a su jefe de Gabinete, Ricard Gallego; los dos gerentes de la empresa pública Divalterra, Agustina Brines y Xavier Simón; el secretario del Consejo de Administración de la misma, Jorge Cuerda, y un asesor de Presidencia, Manuel Reguard.
La causa se abrió, por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, en mayo, tras la denuncia interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción de Valencia a raíz de las denuncias que Ciudadanos y PP presentaron por la contratación irregular de esos altos cargos en Divalterra, empresa pública que depende de la Diputación. La Fiscalía Anticorrupción considera que Rodríguez podría haber enchufado a militantes del PSOE y de Compromís como altos cargos en la empresa.
El tiempo dirá el alcance de este caso de corrupción, pero lo cierto es que la reacción del PSOE ha sido fulminante: nada más producirse las detenciones, el ministro de Fomento, el valenciano José Luis Ábalos, aprovechaba su presencia en el Senado para pedir la dimisión del presidente de la Diputación, quien pocas horas después era apartado de todas sus responsabilidades por orden de la dirección del PSPV.
Aun así, queda en evidencia que la corrupción no conoce de siglas y que la lucha política contra esta lacra no debe encubrir otras formas de corrupción que podrán tener amparo legal pero que carecen de legitimidad y respaldo moral. Por ejemplo, la corrupción en la que incurre un partido como el PSOE cuando, con tal de acceder al Gobierno con los peores resultados electorales de su historia, no tiene el menor reparo en aunar fuerzas con partidos que, como Bildu, no han condenado nunca los asesinatos de ETA o con formaciones secesionistas que abiertamente desafían a la Nación y al ordenamiento jurídico que la articula como Estado de Derecho y que han protagonizado y siguen protagonizando lo que con acierto Alfonso Guerra calificó en su día de golpe de Estado a cámara lenta.