El ministro de Interior, con la ratificación posterior de la vicepresidenta, aseguró ayer que el Gobierno respeta a todo el mundo en Cataluña; también a los ciudadanos que no quisieron participar en la cadena independentista organizada con motivo de la Diada. Por su parte, el inefable ministro de Exteriores se refirió a la exhibición separatista como un "éxito", expresando de forma gráfica cuáles son las intenciones del Ejecutivo en torno al desafío secesionista protagonizado por el nacionalismo catalán.
La respuesta del Gobierno a la algarada separatista ha pretendido recordar que no todo el mundo en Cataluña defiende el proyecto de los nacionalistas; pero además de respetar a la "mayoría silenciosa" que no comparte las pretensiones secesionistas, el Gabinete de Rajoy haría bien en defender fehacientemente a todos esos ciudadanos catalanes que se sienten españoles; para empezar, garantizando la escolarización de sus hijos en español, un derecho que los dirigentes catalanes vienen vulnerando desde hace años con su habitual contumacia, ante la inacción de los poderes del Estado.
La inacción del Gobierno ante la radicalización del nacionalismo catalán llega al extremo de que pretende que sea el Alto Tribunal el que detenga la escalada subversiva de un Ejectuvo autonómico que se ha puesto completamente fuera del orden constitucional, del que el Gobierno central es el principal garante, en virtud de las facultades jurídico-políticas que la Carta Magna le otorga en exclusiva. Eludir las propias responsabilidades para fiar la defensa de la unidad española a un órgano jurídico politizado es toda la respuesta de Rajoy al mayor desafío para la Nación en toda la historia democrática, una postura que viene acompañada, para mayor escarnio, de continuas apelaciones cebar aún más los abusivos privilegios financieros de que disfruta Cataluña, en detrimento del resto de las comunidades.
Tras las reacciones a la exhibición separatista del día 11, queda todavía más claro que la única pretensión de Rajoy es ganar tiempo, posponer cualquier solución a este gravísimo asunto, algo en lo que coincide con Artur Mas, que ya ha insinuado la posibilidad de retrasar a 2016 la futura consulta ciudadana para declarar la independencia de Cataluña. Lo peor es que, en estos dos años, el Gobierno parece dispuesto a seguir alimentando financieramente al manirroto Ejecutivo catalán, en perjuicio del principio de solidaridad interterritorial establecido en la Constitución. El nacionalismo, que ya ha convertido Cataluña en una de las grandes vergüenzas de Europa, va a seguir depredando fondos de la España productiva al menos dos años más. Pero eso no es algo que haya que achacar al Ejecutivo de Mas, que se limita a explotar con éxito su habitual estrategia de chantaje, sino al Gobierno del Partido Popular, que con su silencio, y en nombre de todos los españoles, ha decidido traicionar su juramento de hacer cumplir la Constitución y a los votantes que le entregaron su confianza en las pasadas elecciones.