El Gobierno social-comunista de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias está utilizando el en sus manos muy peligroso estado de alarma para imponer de manera antidemocrática sus proyectos más tóxicos y liberticidas. Repárese si no en las prisas del ministerio de la descalificable Isabel Celaá ("Los niños no son de los padres") para tramitar de urgencia una reforma de la Ley de Educación que no ha sido consultada con los sectores más directamente afectados ni debidamente analizada por la oposición, con vistas a la elaboración de las preceptivas enmiendas.
La reforma que Sánchez e Iglesias han urdido y quieren imponer evitando deliberadamente el proceso regular que en asuntos de tal calado se sigue en las democracias pretende cercenar aún más el derecho de los padres a elegir el tipo de formación que quieren para sus hijos, derecho que la ministra indigna de serlo se atrevió a negar explícita y públicamente en fechas bien recientes.
Con el golpe educativo que se traen entre manos, los social-comunistas pretenden dar el tiro de gracia a los colegios de educación especial, que realizan una labor imprescindible pero a los que se condena a la extinción en el plazo de diez años.
Las organizaciones más vinculadas a ese sector educativo tan sensible han mostrado su más rotundo rechazo a los planes liberticidas del Gobierno, que atentan frontalmente contra el derecho a la educación y tendrán consecuencias nefastas para los niños que acuden a esos centros especializados.
El asunto es gravísimo. La oposición debe denunciar con toda la contundencia este nuevo asalto a las libertades por parte de un Gobierno con ínfulas de régimen que no merece apoyo alguno sino la mayor de las censuras. El socialista Sánchez y el comunista Iglesias no pierden ocasión de demostrar que son una amenaza para la seguridad, el bienestar y las libertades de los españoles y hay que frenarlos antes de que sea trágicamente tarde.