El ataque terrorista contra la embajada española en Kabul ha puesto de manifiesto, una vez más, el grado intolerable de improvisación que caracteriza las decisiones importantes del Gobierno de Mariano Rajoy. Desde que se produjo el atentado en la capital afgana hasta que el Gobierno proporcionó información solvente sobre las consecuencias del atentado transcurrieron nada menos que seis horas, durante las cuales la nota dominante fue la confusión.
Para agravar todavía más la situación, los datos imprecisos y las informaciones contradictorias se sucedieron en el marco de la actual campaña electoral, en cuyos actos participaba ayer la plana mayor del Gobierno, con su presidente y el ministro de Exteriores compartiendo tribuna y alimentando, al alimón, la imagen bochornosa de improvisación que ha caracterizado a todo este episodio.
Rajoy comenzó insistiendo en que no había heridos y que el ataque no iba dirigido contra nuestra embajada, poniendo de relieve el pavor del PP a involucrarse –incluso de manera pasiva- en la batalla contra el terrorismo islamista. Más tarde se supo que había dos policías españoles muertos y que, además, habían caído víctimas de un ataque organizado por los talibanes contra la legación diplomática española con un coche bomba y un comando de asalto integrado por terroristas fuertemente armados. Entre tanto habían transcurrido 24 horas, en las que el Gobierno ha sido incapaz de dar la elemental sensación de solvencia y de control de los acontecimientos que se exige cuando un país se enfrenta a una crisis de estas características.
Afganistán es en estos momentos uno de los lugares más inseguros del planeta. Las divisiones entre los grupos talibanes, agudizadas tras la muerte de su histórico dirigente, el mulá Omar, y los intentos de los gobiernos afgano y pakistaní de iniciar conversaciones de paz, están provocando un aumento sin precedentes de la actividad criminal de estos terroristas islamistas, como se puso de manifiesto en el asalto mortal al aeropuerto de Kandahar, perpetrado esta misma semana, en el que murieron más de 60 personas.
Nada se ha dicho de las condiciones de seguridad en las que operan nuestros policías en tierras afganas, ni tampoco sobre la respuesta de los ministerios de Interior y Exteriores al actual incremento de la amenaza talibán. Los titulares de ambos departamentos y el presidente del Gobierno estaban de campaña electoral, mientras unidades especiales de los ejércitos estadounidense y noruego salvaban la vida al personal que todavía permanecía acorralado en el recinto de nuestra embajada en Kabul.
Los culpables de la muerte de los dos policías españoles son los terroristas, qué duda cabe. Pero la responsabilidad de un Gobierno es actuar con firmeza ante las amenazas a nuestro país, dentro o fuera de las fronteras españolas, aunque ello le suponga un cierto coste electoral en una sociedad que ha decidido cerrar los ojos al terrorismo islamista, la principal amenaza contra nuestro sistema de vida.