En un solo día, un auténtico lunes negro, varias noticias han venido a demostrar que el PP de Mariano Rajoy es hoy por hoy un partido a la deriva. Sería grave si los populares fuesen el principal partido de la oposición -como grave es el estado actual del PSOE-, pero resulta dramática si tenemos en cuenta que los de Rajoy ocupan el Gobierno de España, el de once comunidades autónomas y el de un sinfín de ayuntamientos.
Ese partido, con esa increíble cantidad de poder en sus manos, ha visto en el mismo día cómo uno de sus principales eurodiputados –vicepresidente del Parlamento Europeo– se daba de baja como militante y pedía su ingreso en otra formación, cómo su cabeza de lista en las dos últimas elecciones europeas renunciaba a encabezar esa candidatura de nuevo –otro caso de éxito del famoso "magistral dominio de los tiempos de Rajoy"– y, finalmente, cómo su principal comunidad autónoma se veía obligada a frenar, tras una disparatada sucesión de decisiones judiciales, uno de sus planes estrella, de hondo calado por lo demás.
Sobre este último capítulo cabe destacar varias cuestiones. En primer lugar, ha de elogiarse la gallardía política de Javier Fernández-Lasquetty, que en un ejercicio ejemplar de asunción de la responsabilidades ha presentado su dimisión al ver naufragar un proyecto personal de extraordinaria envergadura. Es lo que debe ser en una democracia que se quiera avanzada: no es necesaria ni una imputación judicial ni mucho menos una condena para que un político obre en consecuencia. Muchos, que dejan las comunidades, ayuntamientos o ministerios por los que pasan como verdaderos eriales, deberían aprender de Lasquetty, que se va pese a que la sanidad madrileña está en mucho mejor situación de como estaba cuando él asumió la dirección de la consejería del ramo.
Otra consideración que no escapará al observador es que tener iniciativa política se paga muy caro… en el seno del propio PP. La Comunidad de Madrid es el mejor ejemplo de ello, ya que ha sido la única que ha tenido el coraje de presentar propuestas atrevidas, verdaderas reformas de fondo e innovaciones en la gestión ciertamente útiles para superar la crisis que sigue atenazando nuestra economía y, sobre todo, para hacerlo sin machacar a los ciudadanos a impuestos.
Pero en lugar de verse premiada por esto y por su gestión presupuestaria, entre las más brillantes de España, se ha visto sometida a una persecución prácticamente constante por parte del Gobierno central. Un Gobierno que, en lugar de respaldar iniciativas que, como la de la externalización de la gestión sanitaria, venían a demoler mitos izquierdistas profundamente arraigados, ha dejado a González y los suyos más que solos frente a los furibundos ataques de la izquierda y sus sindicatos, que sí eran conscientes del daño que políticos sin complejos pueden hacer a sus mentiras.
Esto se ha visto muy claro en la peripecia judicial de un caso que ha estado ocho meses saltando entre tribunales sólo para que se tomase una decisión cautelar –el TSJM todavía no se ha pronunciado sobre el fondo del asunto– y en el que el Gobierno, que no tiene reparos en utilizar su poder sobre los jueces en cualquier caso de corrupción o en defensa de la infanta, se ha puesto de lado. No, obviamente no pedimos que el Ejecutivo presione a los jueces del TSJM, pero sí cabe preguntarse si éstos habrían tenido el mismo comportamiento de no haber sido Rajoy y sus ministros unos cobardes silentes en este asunto.
Esta cobardía tremenda, especialmente acusada cuando se trata de hacer frente a la izquierda, es, en el fondo, lo que subyace a la catarata de malas noticias que este lunes ha caído sobre el PP, y que probablemente se convertirá a partir de mayo en una serie de descalabros electorales.