El empecinamiento de los socialistas –tanto del PSC como del propio PSOE– por satisfacer a los separatistas catalanes parece no tener límites: no contentos con proponer una reforma constitucional orientada a otorgar la condición de nación a Cataluña y a otras comunidades autónomas –dentro de una "España plurinacional"–, el partido de Iceta –con el respaldo del que lidera Pedro Sánchez– ha lanzado otras dos ofertas, no menos repudiables y disparatadas: la condonación de parte de la cuantiosa deuda de la Generalidad y la creación de una Hacienda catalana que recaude y gestione todos los impuestos en esa región.
No hay manera más ilusoria y contraproducente de tratar de que una Administración cumpla su deber de ajustar gastos e ingresos que concederle una quita. A eso hay que añadir la discriminatoria injusticia que dicha quita supondría para las demás autonomías, que, lógicamente, no tardarían en reclamar lo mismo.
Por otro lado, conviene recordar que la tremenda deuda de la Generalidad, superior a los 76.000 millones de euros (52.000 de los cuales se los debe directamente al Estado), no se explica únicamente por la mala gestión y el despilfarro, también por los cuantiosos costes que ha conllevado el proceso secesionista radicalmente ilegal iniciado hace cinco años.
Ya resulta bastante lamentable que el Ministerio Fiscal sólo haya querido ver el delito de malversación de fondos públicos que conllevaron las consultas secesionistas del 9 de noviembre de 2014 y del pasado 1 de octubre, como para ahora condonar parte de la deuda de una Administración que ha dedicado recursos ingentes a embajadas, asociaciones independentistas y entidades orientadas a la demolición de la Nación y la quiebra del Estado de Derecho.
En cuanto a la no menos bochornosa propuesta de una "Hacienda federal" que asuma en Cataluña "toda la responsabilidad fiscal", hay que señalar que se trata básicamente delpacto fiscal que Artur Mas exigió en 2012 en términos chantajistas al Gobierno de Rajoy, so pena de iniciar un proceso secesionista que no pararían "ni tribunales ni Constituciones".
Por mucho que el secretario de Economía de la Ejecutiva del PSOE, Manuel Escudero, respalde esa "Hacienda Federal" mintiendo que "se inscribe dentro del régimen común", la propuesta de Iceta es prácticamente un calco del régimen foral que privilegia al País Vasco y a Navarra frente a las demás CCAA. Eso, por no hablar del riesgo añadido que conllevaría el hecho de que una Administración autonómica desafiara el ordenamiento jurídico teniendo ya en sus manos la capacidad de recaudar todos los impuestos.
Se podrá objetar con razón que el PP de Rajoy no constituye un baluarte frente a estas claudicantes y contraproducentes propuestas del PSC, dado que Montoro ha avalado la posibilidad de plantear una quita de deuda a la Generalidad y que el Gobierno, en 2013 y a través del PP de Alicia Sánchez Camacho, ya propuso un "nuevo y singular modelo de financiación para Cataluña" muy similar al que propone ahora Iceta. Ciertamente, ni el PP de Rajoy ni el PSOE de Sánchez son solución sino parte decisiva del problema.
Así las cosas, a nadie deberían extrañar las buenas perspectivas que los sondeos otorgan a un partido como Ciudadanos, paradójicamente el único con representación parlamentaria –y raíces catalanas– que, lejos de tratar de contentar al nacionalismo, lo combate como la peor lacra que padecen Cataluña y, por extensión, el conjunto de España.