Ojalá se esclarezca rápida y definitivamente si el PP de Pablo Casado y Teodoro García Egea se avino al lamentable y claudicante acuerdo con el PSOE para renovar el Tribunal de Cuentas a cambio de información fiscal sobre el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tal y como recientemente han asegurado fuentes del propio Partido Popular. Lo innegable y constatable es que, sin necesidad de llegar a tan repugnantes extremos, el PP ya tragó con ese bochornoso acuerdo –así como con el aún más grave para la renovación del Tribunal Constitucional– sabiendo positivamente que, además de abocar a este órgano fiscalizador de las cuentas públicas a una brutal purga interna, iba a poner en riesgo la continuidad del encomiable rechazo que ese mismo tribunal venía manteniendo a la pretensión de la Generalidad y de los socios separatistas de Pedro Sánchez de avalar con dinero público las responsabilidades penales por malversación de los condenados por el referéndum golpista del 1-O.
Así las cosas, no es de extrañar que, tras su renovación al dictado de los socialistas y tras los más de 70 ceses que se produjeron, un Tribunal de Cuentas al servicio del PSOE decidiera aprobar por unanimidad un más que discutible expediente sancionador contra el PP, tal y como hizo hace poco más de un mes. Ni algo mucho más grave y a todas luces antijurídico como que haya admitido ahora los avales presentados por la Generalidad para cubrir con dinero público las responsabilidades de los golpistas, que alcanzan 5,4 millones de euros, por el referido referéndum.
Si en el primer caso se podría decir que el PP lleva la penitencia en el pecado de haber cedido ante las pretensiones socialistas de poner el Tribunal de Cuentas a su servicio, en el segundo se trata de una decisión antijuridica que afecta a los contribuyentes que han de cubrir las responsabilidades por malversación de los golpistas.
Es tan cierto como lamentable que, por imperativo constitucional, el Tribunal de Cuentas depende directamente de las Cortes Generales y que, según el artículo 30 de la Ley Orgánica 2/1982, seis de sus consejeros son designados por Congreso y los otros seis por el Senado, "por mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras". Pero el hecho de que PSOE y PP estén obligados a llegar a acuerdos por el requerimiento de una mayoría cualificada no es excusa para ceder ante el PSOE, sino el mejor argumento para haber exigido a los socialistas una renovación que no pudiera ser susceptible de instrumentalización política.
Tanta y tan autodestructiva estupidez por parte del PP empieza a ser sospechosa de complicidad. Piénsese en la hipótesis del tejemaneje de García Egea con Bolaños de ceder el Tribunal de Cuentas a cambio de los datos fiscales del hermano de Ayuso y en la renuencia de los populares a la hora de que los golpistas pagaran de su bolsillo sus desafíos al orden constitucional. Quien rehuye su obligación de hacer cumplir la ley, como el Gobierno de Mariano Rajoy, está abocado a ocultar la existencia del delito tanto como el que lo perpetra, y fue bajo un Gobierno del PP cuando la Fiscalía General del Estado retiró ominosamente los cargos por malversación contra Artur Mas y el resto de los acusados por el 9-N. Del mismo modo, fue un ministro de Hacienda del PP, Cristóbal Montoro, quien tuvo la colosal desfachatez de afirmar que la segunda intentona golpista, la del 1-O, tampoco se había sufragado con dinero público.
En cualquier caso, sea por estupidez, por complicidad o por ambas cosas a la vez, el entreguismo del PP ante el PSOE en estas cuestiones tan decisivas es totalmente inaceptable en un partido que dice velar por el Estado de Derecho y liderar la oposición a este Gobierno social-comunista que se sostiene con el apoyo de los separatistas.